La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 46.I que “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.
Este mandato constitucional NO se CUMPLE, porque NO hay un trabajo digno, por el contrario, se “beneficia a las empresas estatales deficitarias”, a los servidores del Estado, que solo representan el 40%, que se benefician con el incremento salarial que es del 4% al Salario Mínimo y 3% al haber básico. No reciben el incremento los que generan ingresos, porque hubo recesión por la pandemia, con graves efectos en la economía, por la parálisis del aparato productivo y además por el despilfarro de 14 años del gobierno masista del cocalero Morales, en obras sobredimensionadas, con costos elevados por sobreprecios, por exagerado gasto público, por la deuda que debemos pagar. Se olvidó de la salud, ya que ni un hospital construyó, cuyas repercusiones se vieron cuando en tiempo de pandemia, por falta de atención médica fallecían personas en las calles, por escasa infraestructura hospitalaria, falta de camas, de equipos de UTIS, médicos, enfermeras y especialmente medicamentos.
El incremento del 4% y 3% sube a Bs.2.250.- (360 $us), que solo beneficia al 20% de la fuerza laboral de Bolivia. En cuanto a las MYPEs, este aumento salarial provocará el cierre de empresas nacientes y despido de trabajadores, quienes se verán obligados a pasar a la informalidad. Es precario el empleo del 80% de trabajadores por cuenta propia. Se ahondará aún más la crisis que vivimos y se perderá 10.000 empleos, según estimaciones del sector privado. Y los 150.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año solo serán informales porque ni el Estado ni el sector privado crean nuevos empleos. Bolivia ocupa el ÚLTIMO lugar en productividad de la región, según informe del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, que señala que los incrementos salariales tuvieron uno de los efectos menos deseados: la disminución del empleo formal.
Los efectos del contrabando en la actividad privada formal son cada vez más preocupantes. A fines del siglo pasado se estimaba que el contrabando llegaba a unos 1.000 millones de dólares al año, 20 años después subió hasta 2.300, un crecimiento mucho mayor que la economía formal. Con la informalidad, se hace más precario el empleo, bajando la calidad de la mano de obra. Según Enrique Velazco, de la Fundación Inaset, la productividad promedio del trabajador boliviano está entre 3.000 o 4.000 dólares/año, mientras el promedio de la productividad en la región llega a 20.000 dólares. Si el país tendría una productividad como ésta, su crecimiento anual podría llegar a un 10%. La Cámara Nacional de Comercio manifiesta que los trabajadores de nuestro país están más preocupados por la sostenibilidad de sus fuentes de empleo, que por un aumento salarial que pondría en riesgo su ingreso seguro. Y es que, en términos monetarios, el aumento no es muy significativo para el trabajador.
Por otra parte, la empresa estatal EMAPA acopia y comercializa la producción boliviana, como harina de trigo, arroz, afrecho de trigo y maíz para alimento balanceado, según el gobierno para la construcción de la Seguridad Alimentaria. Con el DS 4.701 de 20 de abril de 2022, Luis Arce creó la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, con un patrimonio de Bs.140 millones, para producir, procesar y transformar productos agrícolas y pecuarios, además, comercializarlos en el mercado interno y externo. Pero sin ningún proyecto de pre factibilidad, ¿cómo?, ¿dónde y con qué? Esta empresa dependerá del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que será el encargado de su evaluación, seguimiento y control de actividades. Recibirá tierras fiscales para desarrollar su giro de negocios. Lo cierto es que son políticas keynesianas para favorecer a sus acólitos masistas que le reclaman “trabajo”.
Por el contrario, el sector hotelero y turístico empezaron a hacer marchas para exigir al gobierno políticas de reactivación de esa Industria sin Chimeneas, cuya situación de crisis afecta más a mujeres y jóvenes, por lo que ingresaron a la informalidad.
Angélica Siles Parrado, Economista, ex Asambleísta Constituyente.