miércoles, mayo 22, 2024
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Gobernaciones, alcaldías y delimitación fronteriza

Desde hace muchas décadas, cuando funcionan las cámaras de senadores y diputados, hay reclamos de las diversas provincias de los departamentos y de sus respectivos pueblos pidiendo que se haga una delimitación de límites departamentales, provinciales, regionales y hasta de villorios y pueblos pequeños que no cuentan con la cartografía necesaria sobre los límites de tierras que ocupan. Y es que, de tanto en tanto, surgen dificultades porque cada quien reclama “partes que le corresponde”.
La verdad es que, durante el funcionamiento de las cámaras legislativas, son presentados proyectos para fijar fronteras y límites. Y por las “urgencias” de los “representantes”, se aprueba como sea límites que no corresponden a la realidad y, cuando se cierra el Legislativo, surgen los reclamos y cada interesado exige fijación de los límites. La anarquía reinante en este campo de delimitación de límites da lugar a que ningún registro oficial funcione correctamente, porque ni Impuestos Internos ni las oficinas recaudadoras de prefecturas (hoy gobernaciones) ni alcaldías municipales funcionan regularmente y el tiempo da lugar a situaciones anárquicas, porque nadie sabe dónde y cómo pagar impuestos. La población no sabe cómo tributar, ni qué trámites debe hacer; poco o nada se sabe de registros reales y títulos patrimoniales porque, simplemente, falta saber a cargo de quién o quiénes están los registros respectivos y menos se conoce si lo fijado hasta el presente corresponde a tal o cual provincia, cantón, pueblo o villorio.
Las oficinas parlamentarias deberían tomar en serio estos problemas y ordenar correctamente la cartografía departamental, provincial y hasta cantonal porque la población debe saber cómo obrar y cuáles son sus pertenencias y a dónde corresponden. La gente debe tener conocimiento cierto de registros en los que debe tributar y mucho más en qué registros confiar y a qué planimetría referirse cuando debe hacer trámites. Cuando se empiece a organizar el Censo Nacional, surgirán graves problemas limítrofes a nivel nacional y de allí se extenderán a los departamentos. En algún caso, se producen reclamos por límites que cada parte cree que le pertenece, pero sin las pruebas debidas y que el Parlamento debería resolver.
Hay situaciones complejas por carencia de delimitaciones y porque no se ha establecido obligaciones que deben cumplir las alcaldías conforme a planificación que hagan las gobernaciones. Muchas veces algunas alcaldías niegan tener competencia sobre determinados asuntos y exigen que la gobernación delimite lo que corresponda. El Legislativo tendría mucho que decir sobre estas situaciones que, por anómalas, dejan vacíos muy serios en la interpretación o aplicación de las leyes.
Estos son problemas dignos de meditación para senadores y diputados que, en muchas gestiones, permiten que situaciones de desorden surjan periódicamente y se acumulen de gestión en gestión. Este es un problema que hace ver hasta qué punto son capaces los diversos parlamentarios para resolver casos variados y plenos de dificultades, por los que reclaman muchas poblaciones. Tal situación se mantiene por la carencia de autoridades legislativas que regularicen casos de desorden, en concordancia con las respectivas organizaciones del Gobierno y muy especialmente del Instituto Geográfico Militar que tiene a su cargo la cartografía nacional.

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