Por lo visto hasta ahora los intentos de reforma a la justicia han sido “cantos de sirena” o, mejor dicho, no han tenido los resultados esperados, la ciudadanía no se siente satisfecha, por el contrario, es una asignatura pendiente (para los gobernantes), de difícil resolución hasta el momento.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que para mejorar la justicia se debe “establecer sistemas de justicia independientes y eficaces, capaces de salvaguardar los derechos humanos, facilitar el acceso a la justicia para todos sin discriminación y proporcionar servicios transparentes y objetivos es fundamental para combatir la violencia eficazmente”.
Los propósitos para reformar la justicia, de manera más profusa han surgido recién en la década de los años 90, que es cuando la problemática de la justicia se hace más evidente, dados los problemas que se estaban suscitando, como producto de la mala administración de justicia, por lo había que resolver el problema con carácter de urgencia.
En la mencionada década, casi toda la región latinoamericana promovió reformas judiciales; dieciocho países (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Ecuador y Bolivia, entre otros) llevaron adelante reformas judiciales, pero con muy poca incidencia, más o menos sustantivas en su organización. Incluyeron modificaciones vinculadas con la independencia judicial, códigos de procedimiento, la administración y el acceso a la justicia, el entrenamiento y la educación legal, y las asociaciones profesionales, todas conducentes a incrementar la transparencia y la eficiencia del sistema judicial.
En Bolivia se impulsó reformas judiciales, siguiendo los lineamientos trazados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, en el marco de las reformas de segunda generación del llamado Consenso de Washington.
No obstante, la idea o el proyecto de construcción de una administración de justicia independiente e imparcial (reforma judicial), no es algo nuevo, ya que fue expresado en la mismísima fundación del Estado boliviano (en 1825). En ese tiempo, el llamado Poder Judicial era concebido como un tipo de administración de justicia que debía contar con un status institucional de igual rango y jerarquía que las otras “máximas autoridades” del Estado (Ejecutivo y Legislativo).
El Poder Judicial en todos estos años consiguió un escaso desarrollo como sistema de resolución de controversias, con excepción de los años 90, cuando bajo la vigencia del sistema democrático y la crisis de la administración de justicia, la reforma constitucional de 1994 incorporó la jurisdicción constitucional y la Defensoría del pueblo, los cuales contribuyeron a la relevancia de la institución judicial en el sistema político. Las propuestas para mejorar la situación de la justicia se limitaron a reformas en el marco de la Ley de Organización Judicial, posteriormente alcanzaron el nivel de la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, los avances en materia de justicia fueron distorsionados, por ejemplo, la selección de magistrados y jueces fue partidocratizada, es decir, quienes fueron seleccionados eran afines al partido en función de gobierno; estos factores postergaron la vigorización de las condiciones político-institucionales adecuadas para la consolidación de la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
En América Latina, en general, y en Bolivia, en particular, después de más de un siglo y medio de vigencia, el ahora llamado Órgano Judicial ha resultado ser un aparato ineficiente, corrupto, dependiente de la voluntad del ejecutivo, sujeto a grupos de interés económico, muy distante de la gente, con una imagen social deteriorada y, lo más grave, ha terminado siendo una entidad que no asegura la igualdad ante la ley y mucho menos el acceso a la justicia.
Indudablemente, existen algunos problemas que son más críticos que otros, como la retardación de justicia (por procesos lentos, cuya duración en promedio es de cinco a 10 años), la corrupción (el funcionamiento del sistema judicial no es transparente), ineficacia de las sanciones a los operadores de justicia (el régimen disciplinario no funciona a plenitud), que generan en la opinión pública una sensación de inseguridad, indefensión, malestar y desconfianza en el sistema de justicia.
Existen varias sugerencias al respecto, incluso proyectos novedosos, soluciones imaginativas o creativas para mejorar la justicia, las cuales merecen ser consideradas, deben ser cuidadosamente analizadas, ampliamente debatidas, es necesario buscar consensos y antes de ser implementadas tienen que ser socializadas en todos los escenarios posibles. Además, algo que no se puede dejar de lado, debido a su importancia, es efectuar el monitoreo y la evaluación correspondiente, lo cual es vital para la conseguir las metas. Como diría Peter Drucker, “lo que no se mide, no se puede mejorar”.
El autor es abogado y politólogo, docente universitario.
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