La Constitución Política del Estado establece en el Art.241. II que “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado”. Y el Art. 242:1 añade: “Participar en la formulación de las políticas de Estado. 2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado”. Pero ninguno de estos mandatos es cumplido por el gobierno del MAS, desde hace más de 15 años, al contrario, sigue vulnerando la Constitución al pretender cambiar los siguientes hechos:
1º El cocalero Morales se postuló por tercera vez en el año 2014 con la argucia de la refundación de Bolivia Plurinacional. Y el Tribunal Supremo Electoral violó el Art. 168 que dice: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Y la disposición Transitoria Primera II manifiesta que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Sin embargo, se permitió que se postule el cocalero Morales, se hizo caso omiso de los memoriales de reclamo por la violación a la Constitución.
2º Ya en el poder, el cocalero Morales ejerció con autoritarismo, decía “métanle nomás, que los abogados arreglen”, con aires de dictador, porque le hicieron creer que era el Cristo salvador de Bolivia. En 2016 pretendió cambiar la Constitución para beneficiarse con una tercera reelección, y convocó a un referéndum el 21 de febrero de 2016, para cambiar el Art. 168 de la CPE. Pero el soberano dijo NO a modificar la Constitución, rechazando la posibilidad de una nueva postulación de Morales. Sin embargo, con otra argucia aberrante obligó a los servidores del Tribunal Constitucional, a través de un recurso judicial, a que consideraran que la reelección es un derecho humano, y habilitaron a Morales, que se postuló por cuarta vez en 2019. Pero como el soberano le dijo NO, por su ambición de poder hizo el MEGAFRAUDE.
La Auditoría de la OEA es vinculante y fue ratificada por los veedores de la Unión Europea, que confirmaron el FRAUDE. Las Plataformas enviamos 500.000 firmas a la CIDH, pidiéndole una opinión consultiva sobre el tema, organismo que concluyó que “la reelección presidencial indefinida NO ES un derecho humano autónomo”, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana y, de forma general, no en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, ni en otros tratados internacionales.
Las Plataformas del 21F nos organizamos y damos cumplimiento a las 15 conclusiones del VI Congreso Nacional en La Paz, en las que en el punto 7 y 8 se hace referencia a las movilizaciones pacíficas. Ahora recordando el triunfo en el Referéndum de 2016, se convoca a la ciudadanía. Recordamos al pueblo que Morales por su afán de perpetrarse en el poder, NO respetó la consulta al soberano y ante el descubrimiento del megafraude electoral de 2019 –por auditoría de la OEA, que es vinculante y fue ratificado por los veedores de la Unión Europea–, abandonó su cargo de presidente, renunció y huyó, dejando un vacío de poder. El soberano enfurecido por la estafa a su voto, exigió su renuncia y se debe procesar, sancionar “y llevar a la cárcel” a Morales por violar la Constitución, por daño económico al Estado, así como la pérdida del acceso libre y soberano al mar y presuntos casos de pedofilia.
Para el 21 de febrero de 2022 se convocó a una concentración de las Plataformas del 21F en la Plaza Avaroa, frente al Tribunal Supremo Electoral, para recordarle su incumplimiento de la CPE, que en el Art. 7 establece que “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. Exigimos una auditoría al Padrón y a las elecciones de 2020, por serios indicios de otro fraude.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.