Al menos tres denuncias y la solicitud de extradición para el coronel Maximiliano Dávila, por parte de Estados Unidos, ponen en aprietos al gobierno del presidente Luis Arce.
Las denuncias de cobros irregulares en el cuerpo diplomático de Bolivia y la contratación de una persona con sentencia ejecutoriada para un alto cargo en la Procuraduría General del Estado, además de las críticas a la conformación de una comisión para investigar casos de feminicidio con actores cuestionados, en medio de acusaciones de corrupción en la Justicia, buscan una respuesta del Gobierno.
La intención de Estados Unidos de pedir la extradición de Dávila se da cuando se cuestionó el trabajo antidrogas del país durante el gobierno de Evo Morales, presidente del Movimiento al Socialismo (MAS).
Dávila es el tercer jefe antidrogas de Morales en ser vinculado al narcotráfico, luego de haberse revelado una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas) estadounidense, que señala el exjefe policial como parte de un grupo ilegal que preparaba el envío de un cargamento de droga a Nueva York.
Ayer se conoció que Estados Unidos envió un documento en el que comunica al gobierno boliviano que pide la extradición de Dávila, quien, al momento de ingresar al penal de San Pedro, con detención preventiva, advirtió que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, buscaba “incriminar” a Morales con el narcotráfico.
El presidente del Senado y alto dirigente de los cocaleros del trópico cochabambino, Andrónico Rodríguez, dijo que «no creemos que corresponde extradición. ¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país para que sea juzgado de un delito cuando debemos juzgarlo en nuestro país?» se preguntó.
Por otra parte, el martes se difundió una carta de José Vladimir Tordoya Rojas, excónsul Honorario de Bolivia en Ucrania, que denunció que un allegado al (MAS), Marcelo Rodrigo Mendoza, buscaba cobrarle unos $us 100 mil para que se mantenga en el cargo. Agregó que pagó $us 7 mil para solucionar el problema.
Horas después de conocerse esa denuncia, la Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que desmintió las denuncias de supuestos hechos de corrupción.
Por el contrario, señaló que halló irregularidades en la representación honoraria de Tordoya, como la emisión de visados sin cumplir las directrices emitidas por esta entidad. Por ese motivo, acotó, se determinó el cese en sus funciones el 4 de noviembre de 2021.
Por otra parte, se supo que Iberth René Renato Aguilar Mamani, director General de Asuntos Administrativos de la Procuraduría General del Estado, fue contratado pese a tener una sentencia ejecutoriada por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, cuando las normas ordenan que para ser funcionario público no se debe tener una sentencia ejecutoriada.
“Sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 25/01/2022 dictada por el juzgado 5to de Sentencia Penal del departamento de La Paz por el delito de ejercicio indebido de profesión (…) con una pena privativa de libertad de un (1) año con seis (6) meses” (sic) se lee en el certificado.
Dentro de ese panorama, cuando la Justicia se encuentra cuestionada tras haberse descubierto que un juez excarceló en 2019 a un feminicida que cumplía su sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por un delito de que cometió en 2013, Arce ordenó la conformación de una comisión para que haga seguimiento al cumplimiento de condenas de casos de feminicidio y violación.
Sin embargo, las críticas y cuestionamientos al gobierno de Arce se centraron en calificar a esa comisión, conformada por 10 instituciones, de “masista”, debido a que no se ve la participación de la oposición.
Esa comisión está conformada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y de Gobierno; el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres; el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco; el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa; y el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.
Además, desde el Legislativo la oposición cuestionó que no tenga participación en esa instancia ningún miembro de la comisión de la Asamblea conformada para hacer seguimiento a procesos por feminicidio, la misma que fue creada el año pasado. (Brújula Digital)