sábado, mayo 18, 2024
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Economía nacional deprimida y golpeada por el contrabando

La economía nacional pasa por un momento complicado a pesar de la política implementada por el presidente Luis Arce, pero todavía la industria nacional no percibe una mejora y la demanda de productos disminuye; ahora el contrabando golpea a la producción boliviana y el crecimiento registrado a junio es calificado como un rebote estadístico, de 9,3 %, luego de la recesión de más de 8 % registrado en 2020, reflexionaron los economistas.
Los datos de la inflación de octubre y septiembre sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra una deflación, provocada por una baja demanda de productos y el contrabando.
Para el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, asusta que los últimos meses reporten cifras negativas de precios, los cuales tienen que ver con dos factores: baja demanda de algunos servicios y el contrabando.
Una baja demanda de algunos servicios reflejan una economía deprimida, apuntó a tiempo de indicar que los bienes de consumo reemplazan a algunos servicios.
Recordó que en el tercer trimestre de la pasada gestión se registró un consumo alto, hoy la demanda de productos en varios sectores de la economía nacional, está debajo de lo usual, como en el comercio.
Una débil demanda frena la subida de precios, y los valores de algunos servicios y artículos están relativamente bajas.
El contrabando también frena la subida de precios. Señaló que en 2020 todas las economías introdujeron grandes cantidades de dinero a sus economías, con un régimen cambiario flotantes y sus devaluaciones repercutió en sus monedas, que abarató sus productos.
Incluso los productos importados legalmente están mucho más baratos que los artículos bolivianos.
“Lo que está, sucediendo, es que tanto el contrabando como la importación legal mantienen a raya los precios en el mercado nacional y obviamente permite comprar a la gente cosas baratas”, especificó.
“Eso es malo”, apuntó a tiempo de señalar que se genera una fuerte dependencia de la canasta de consumo, de productos importados.
“Hay demanda deprimida”, en un contexto que el BCB pierde reservas y cada vez hay desequilibrios macroeconómicos y un hueco fiscal grande, concluyó.
Adelantó que una modificación del tipo de cambio podría ser complejo y costoso en términos sociales.
Hace unas semanas atrás en su Twitter, el economista y docente de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Gonzalo Chávez, explicaba que el tipo de cambio fijo creo un sector económico con mucho poder de decisión.
Y coincidió, por separado, con muchos economistas que señalan el crecimiento de la informalidad, en especial en la última gestión, que alcanza a un promedio de 80 % dedicado al comercio.

Datos
El Gobierno destacó el crecimiento registrado a junio de la presente gestión de 9,36 %, sin embargo, los economistas y empresarios se lo atribuyen al rebote estadístico, ya que las medidas aplicadas todavía no tienen el impacto esperado.
Los economistas señalan que el modelo económico aplicado por el Gobierno está agotado y requiere cambios; el crecimiento registrado entre 2006 a 2014 se lo atribuye al mercado internacional por las materias primas, petróleo y minerales.
Ya que a partir de la caída de los precios internacionales de los commodities la economía nacional fue desacelerándose, hasta llegar a 2019 con un crecimiento de un promedio de 2 %.
Chávez, en reiteradas oportunidades, señaló que la economía ya estaba mal antes del 2019, y que el 2020 empeoró con la pandemia.
Ahora los datos macroeconómicos positivos que registra la economía nacional, nuevamente obedecen al buen momento de las economías desarrolladas, que empezaron a demandar productos primarios.
El fideicomiso de 911 millones de bolivianos para sustitución de importaciones, no llegan ni al 50 % del total, y en especial los demandantes son pequeños emprendimientos.
También los economistas observan el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está destinado a cubrir el pago del Bono Contra el Hambre y también para la Renta Dignidad. Éste último debía ser cubierto con recursos de las empresas estatales.
Los empresarios desde principios de año solicitaron a las autoridades a acelerar la vacunación para una recuperación económica rápida, pero el Gobierno centralizó el proceso, y a la fecha no da señales de trabajar con el sector privado para reactivar la economía.

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