El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) advirtió que el sometimiento a una niña a un embarazo forzado es catalogado como un acto de tortura y demandó al Estado que asuma las medidas oportunas para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En un comunicado, ONU Bolivia hace un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura.
«Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación», señala en una parte el comunicado.
Advierte que «someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura». «El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son ‘formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante’. Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable», señala.
También recuerda que el artículo 61 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.
El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 148, garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual.
Además, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.
El organismo internacional «reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos».
El comunicado se conoce después de que el fin de semana se informó del caso de una niña de 11 años que ya lleva 21 semanas de embarazo como consecuencia de una violación y la determinación de la víctima y la familia de que no se interrumpirá el embarazo pese a que la normativa legal en Bolivia permite la interrupción.
La decisión ha generado una tormenta de críticas contra la Iglesia Católica que además acogió a la víctima en uno de sus hogares y respaldó la decisión de la familia.