Arce puede ser juzgado tras anulación del Decreto 4461

Luego de la abrogación del Decreto Supremo 4461 de amnistía e indulto presidencial en la Asamblea Legislativa, el diputado Marcelo Pedrazas (CC) advirtió que esta acción puede hacer que le siga un proceso al presidente del Estado, Luis Arce, por el delito de resoluciones contrarías a la Constitución.
Legisladores de esta organización política señalaron que tras la abrogación del DS 4461 corresponde que se inicien procesos contra el presidente del Estado, por haber viabilizado una norma contraria a las leyes en vigencia en el país.
Pedrazas señaló que según el Código Penal vigente en la legislatura nacional, los cargos por este delito no prescriben, sino hasta que se cumplan 10 años, por lo cual el Presidente puede ser procesado y sentenciado.
“La abrogación del Decreto Supremo 4461 (indulto y amnistía) hace que el presidente sea juzgado por incurrir en resoluciones contrarias a la Constitución y la Ley. Este delito no prescribirá, sino hasta que se cumplan 10 años, conforme al artículo 105 del Código Penal. Luis Arce, irá a la cárcel por meterle nomás”, dijo.
Por su parte, el diputado Juan José Torres indicó que la finalidad del cuestionado indulto fue premiar con impunidad a todas las personas que en momentos difíciles para el país, por el riesgo de afectar a la democracia, se vieron envueltos en actos delincuenciales y acciones en contra de los derechos humanos.
“La persona o personas que promovieron este decreto tienen que ser investigadas, porque se promovió y se aprobó un decreto totalmente inconstitucional”, manifestó el parlamentario.
Precisó que en las jornadas de violencia de 2019, se quemaron buses municipales y casas en la Sede de Gobierno, además de organizar emboscadas en Vila Vila y muertes en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, hechos que nunca fueron investigados, por lo cual una de las autoridades investigadas debe ser el actual mandatario.
Durante el acto de entrega del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH al país, el presidente Luis Arce anunció que como una de las primeras medidas para cumplir con las recomendaciones expresadas en este estudio, será la abrogación del este decreto que benefició “por razones humanitarias” a las personas que enfrentaban procesos durante el gobierno de Añez.
Gran parte de los amnistiados fueron seguidores y militantes del MAS que estaban acusados de generar escenarios de violencia, tras las elecciones anuladas de octubre de 2019.