Plantean normativa para frenar robo de minerales

Los diputados Omar Muriel y Egidio Arce presentaron el proyecto de ley denominado “Fortalecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal”, con el objetivo de combatir el “juqueo” y establecer mecanismos efectivos para el control de este delito.
En criterio del diputado Muriel, representante de la alianza Libre, la iniciativa presentada es fruto de la coordinación entre diferentes bancadas ante un problema recurrente en el área de la minería.
“Estamos haciendo conocer nuestra posición regional, política y voluntad acérrima para hacer la lucha frontal contra el robo de mineral, ‘juqueo’. Ya ha sido mucho tiempo que hemos sido soliviantados, dejando pasar estos hechos sin que haya trascendencia en la cohesión a este tipo de delitos”, declaró.
Asimismo, detalló que el proyecto plantea incentivos para quienes denuncien hechos vinculados al robo de minerales, además de proponer un fortalecimiento del trabajo conjunto entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Minería y otras instituciones.
Por su parte, el diputado oficialista Egidio Arce afirmó que “este es el momento oportuno para poder poner freno al robo de mineral”, ya que este delito deriva en pérdidas notables para la economía nacional y es un foco de inseguridad para la ciudadanía.
“En Huanuni, Colquiri, Coro Coro y las demás empresas estatales sufren este tipo de robo de forma descarada. Pedimos a la población y a los compañeros mineros que colaboren denunciando estos hechos”, expresó Arce.
Esta semana, un operativo ejecutado por la Fiscalía de Huanuni, junto con el Batallón de Seguridad Física y trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, dio lugar al allanamiento de un inmueble en la zona de Cataricagua. La intervención tuvo lugar tras una denuncia formal presentada por autoridades mineras.
En el inmueble intervenido, se hallaron sacos que contenían sustancias mineralógicas que presumiblemente le pertenecen a la Empresa Minera Huanuni. Se contabilizaron un total de 2.600 kilogramos de mineral secuestrado. Autoridades de la Fiscalía señalaron que los predios carecían de registros en Derechos Reales y no tenían un derecho propietario consolidado, tratándose de edificaciones tipo “casuchas” destinadas exclusivamente al almacenamiento clandestino.