El sentido de vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos se extiende a cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo y el cuidado de la salud, hasta la seguridad personal. En la realidad, la ciudad de El Alto sirve principalmente para que se establezcan inmigrantes del resto del país, en especial recién llegados de las áreas rurales, quienes buscan una oportunidad en “la ciudad”. Muchos de los inmigrantes que viven en esta ciudad provienen de los sectores rurales de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Debido a este factor migratorio, la ciudad de El Alto (que cuenta con su propia municipalidad) se considera una urbe moderna, de casas nuevas y pobres y la conjunción de culturas, lo que no sólo nos ha permitido observar con meridiana claridad la situación de indefensión en la cual se encuentran los ciudadanos, frente al problema de la inseguridad, siendo evidente el divorcio entre el Estado y la sociedad.
ANTECEDENTES
En estos últimos años, la sociedad boliviana a través de los medios de comunicación social y de sus representantes, en diversos eventos, entre ellos en las denominadas cumbres de seguridad ciudadana, promovidas por los órganos del Poder Público, ha manifestado que su principal preocupación es la seguridad ciudadana, considerando que es la primera necesidad que debe ser satisfecha por el Estado. Por ello exige la suma de esfuerzos para la prevención de ilícitos de carácter violento, provenientes de delitos contra la propiedad que, vinculados a otras conductas criminales conexas, aparentemente consumadas por extranjeros o por antisociales nacionales en complicidad con organizaciones delictuosas externas, han generado una especie de paranoia social, con la desconfianza respecto a los servidores públicos encargados de conservar el orden público y el cumplimiento de las leyes.
En todo el país es general el clamor público por la seguridad pública y por la seguridad ciudadana en particular, ya que la sensación de inseguridad, que debería ser la excepción, se mantiene en el imaginario de la población, reclamando a las autoridades para retornar a las normales condiciones de convivencia pacífica, donde se desarrollen las actividades humanas en armonía, en un clima de paz y tranquilidad. Con garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales y la actuación de los órganos del Poder Público dentro del estado de derecho, en el más estricto marco de respeto a los derechos humanos, entre ellos a la vida, la integridad corporal y el patrimonio.
Las instituciones encargadas de la prevención y la represión al delito y de la persecución penal, confrontan serias deficiencias técnicas en sus recursos humanos, pero fundamentalmente por la falta de atención de las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, lo que se trasunta en la imposibilidad de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros adecuados, suficientes para el cumplimiento de las funciones y atribuciones institucionales.
El debilitamiento de la institucionalidad de la Policía Boliviana, sumada a la escasa especialización de sus integrantes, con políticas educativas en materia de investigación criminal, son problemas que se agravan por los escasos recursos materiales, humanos, técnicos y financieros, y fueron progresivamente desmejorando los servicios policiales en general.
Cnl. Desp. Hernán Romero Segovia, Subcomandante Departamental de Policía.