El contrabando, la informalidad y los autos indocumentados deben ser tema central de la economía nacional, porque son males que repercuten en ella, afectando tanto al empresario del sector formal, porque no puede competir con los precios de los productos internados ilegalmente, como a los trabajadores, porque están en un permanente riesgo del cierre de su fuente laboral.
El problema de la informalidad se agrava con la creciente actividad del contrabando, que aprovecha la necesidad de trabajo de muchas personas, para tenerlas como sus vendedores en las calles, sin la cobertura del seguro social y menos los aportes para la jubilación y otros beneficios que tiene el trabajador del sector formal.
Nuestro país encabeza el ranking de empleos en el sector informal de su economía. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe casi 85% de informalidad laboral en el país. El investigador Bruno Rojas indicó: “antes de la pandemia, ocho de cada 10 personas ocupadas tenían empleos precarios, inestables, sin seguridad social”.
La Cámara Nacional de Comercio destacó que el contrabando llega al 7,5% del PIB. Se estima que el valor de los productos internados ilegalmente alcanza a $us 3.000 millones. Es cierto que nuestras fronteras con los cinco países vecinos tienen una extensión de aproximadamente 7.000 kilómetros, lo que dificulta el control.
El contrabando ha pasado de ser una actividad ilícita, conocida como transporte hormiga, a una con muchos recursos económicos, técnicos y armas, que son un verdadero peligro para todos. Está considerada como parte de la economía informal.
Según la CEPAL, el término sector informal abarca “las acciones de los agentes económicos que no se adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección”. Incluye todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado.
Con el término genérico de economía informal se distingue las siguientes subformas:
1) La economía no declarada, que comprende la realización de acciones que “soslayan o evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios”. El monto de los ingresos que deberían ser declarados a las autoridades impositivas, pero no se los declara, representa un ejemplo sumario de este tipo de economía subterránea.
2) La economía no registrada, en la que están las actividades que transgreden los requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración. Su medida estricta es el monto de los ingresos que se debería registrar en los sistemas de cuentas nacionales, pero no se los registra.
3) La economía sumergida, donde están las actividades económicas que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social”.
Por otra parte, la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley que busca legalizar más de 200.000 motorizados. El representante de esta organización justificó su pedido señalando que “cada afiliado solo va a poder acogerse a la ley de amnistía con un solo vehículo, esta organización no es de chuteros, tampoco es de contrabandistas son netamente de personas que nos hemos comprado el vehículo aquí en territorio nacional”.
En el país, estos vehículos chutos ya fueron “nacionalizados” en dos oportunidades. La primera fue en 1999, cuando el presidente Hugo Banzer aprobó el Decreto Supremo 25.575, otorgando una amnistía “excepcional” para los propietarios de vehículos indocumentados ingresados al país. En su artículo primero se establece que este “perdonazo” se realizaba por única vez y que cumplido el plazo, los vehículos que no hayan sido nacionalizados serían incautados.
La segunda vez fue durante el gobierno de Evo Morales, cuando en junio de 2011 promulgó la Ley 133 que en su artículo 1 establece “por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel”.
Los empresarios esperamos que se mantenga la posición de Marcelo Montenegro, Ministro de Economía, que descartó que se vaya a viabilizar la legalización de autos indocumentados, evitando así caer en la tentación “política” expresada por algunos parlamentarios, que desde 2017 apoyan una eventual amnistía para los “chutos”.
Estimamos que esta actividad ilegal genera un perjuicio a la economía nacional de al menos 1.500 millones de dólares anuales. Si se viabilizara esta norma, sería una señal de fomento al contrabando y las actividades ilícitas en Bolivia, lo que iría en desmedro de la producción nacional y la imagen del propio gobierno.
Se estima que, para reducir la informalidad y por ende el contrabando, se debe promover la creación de fuentes de empleo, con incentivos tributarios, reduciendo la carga laboral y facilitando financiamiento a los emprendimientos innovadores, porque las generadoras de empleo formal son las empresas privadas.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).