Corresponde rememorar que, desde la segunda mitad del Siglo XVIII, el mundo ha pasado por cuatro revoluciones industriales que provocaron importantes transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. La primera, en 1765 con la Mecanización de vapor, energía hidráulica y mecanización en general; la segunda, en 1870 logramos la Producción en masa, cadenas de montaje y electricidad; la tercera, en 1969, cuando se consigue la automatización, tecnologías de la Información y la Comunicación; finalmente en nuestros días, a la par de una cuarta revolución industrial, hemos alcanzado con la globalización a través del uso del Internet, los servicios en la nube, interoperabilidad digital, sistemas cíber físicos y robótica.
Desde la mitad del Siglo XX, pero sobre todo con la cuarta revolución industrial, es que las Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido una combinación sinérgica entre los procesos físicos y digitales, dando lugar a sistemas y maquinarias inteligentes, interconectadas y autónomas, siendo parte de este fenómeno, el Internet, los dispositivos interconectados, la Big Data y la inteligencia artificial.
El uso de las TICs en los sistemas de justicia, en los hechos representan procesos que revolucionan las prácticas de trabajo de las instituciones del sector, usando éstas para aumentar el nivel de productividad y la reducción de los costos operacionales; mejorando de esta manera la gestión y el desempeño de nuestras instituciones, con el fin de lograr mayor acceso material a la justicia, para la sociedad en su conjunto.
Sin descuidarse en su evolución y con una constante mejora hacia sus procesos y procedimientos, los líderes mundiales en tecnología, como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o Singapur, por nombrar algunos, han logrado sistematizar sus procesos jurisdiccionales, disminuyendo el tiempo de atención en las oficinas gubernamentales gracias a la implementación de nuevas tecnologías. Uno de los casos más notables es la estadística presentada por el Consejo General de la Abogacía Española, que actualmente logra ahorrar 1.200.000 horas al año en administración pública a favor de la ciudadanía y los procesos administrativos.
Los países de la región como Chile, México, Colombia, Perú, Costa Rica, Argentina y Brasil han logrado, desde hace algunos años, las primeras implementaciones de herramientas y plataformas tecnológicas a favor de la Justicia Electrónica, eliminando la burocracia de sus procedimientos. Uno de los casos más sobresalientes llegaría a ser el de Costa Rica, considerando que, por segundo año consecutivo, el Poder Judicial obtuvo el primer lugar en el Índice de Transparencia Institucional al obtener una evaluación de 98,95, dentro de un total de 253 instituciones públicas locales intervenidas.
Con estos antecedentes, hemos identificado la necesidad de modernización como una prioridad en el interior del Órgano Judicial de nuestro país. Considerando el incremento de uso de las conexiones de telecomunicación de manera exponencial, identificado en nuestro medio, la implementación de accesos a servicios digitales constituye un deber como Estado. Es vital incorporar de manera progresiva, métodos y modos de comunicación procesal, para mejorar el acceso a la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de manera oportuna e inmediata, alivianando así las más de 320.000 causas en situación de mora procesal que se tiene a noviembre de 2020 y, por supuesto, alivianar el trabajo que día a día desarrollan nuestros jueces, que en promedio equivalen a 530 causas por año.
El 26 de abril de 2021 inauguramos el Proyecto de «Expediente Judicial Electrónico», en su primera etapa denominada «desarrollo», que constituye el pilar fundamental en la construcción de una «Justicia Digital con Transparencia, para los Bolivianos», modernizando los servicios judiciales con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, eliminando el sistema escriturado, disminuyendo el hacinamiento de expedientes físicos en los despachos judiciales, simplificando de esa manera el procesamiento de causas y facilitando al mundo litigante el acceso a sus procesos de manera ágil, amigable y sobre todo fidedigna. Como también al contar con información procesal en tiempo real, se facilitará la construcción rápida de estadísticas generales del Órgano Judicial y los Tribunales Departamentales, e incluso de manera particular de cualquier asiento judicial del territorio boliviano, con seguridad e integridad de los datos.
En términos prácticos y operativos, a través de uso del EJE, cualquier ciudadano que forme parte de un proceso judicial podrá hacer el seguimiento en línea que le permita conocer el desarrollo y contenido de su proceso judicial e inter operar en la tramitación del mismo, en tiempo real y con resultados palpables, necesitando tan solo la conexión al servicio de Internet y un dispositivo. Desde cualquier lugar donde se encuentre, sea la ciudad o el campo, favoreciendo al campesino o citadino, obrero o empresario, estudiante o profesional, el EJE transparentará, agilizará y economizará la administración de justicia en materia ordinaria y agroambiental, al servicio del pueblo boliviano.
Para la primera etapa de desarrollo del proyecto, en tiempos de crisis económica, con mucho esfuerzo el Órgano Judicial a través de la DAF, ha ejecutado la adquisición de equipamiento y la contratación de profesionales expertos en desarrollo de sistemas informáticos que provean al Estado de nuevos métodos de trabajo y herramientas digitales para favorecer los procesos judiciales actuales, disponiendo dos millones setecientos catorce mil trescientos treinta y cuatro bolivianos 00/100 (Bs.2.714.334.00/100), destinado al equipamiento preliminar, salarios e implementación de infraestructura del proyecto. Considerando su naturaleza, la distribución de los cronogramas suma un total de 16 meses para la primera etapa de desarrollo del expediente electrónico.
Gracias al proyecto de Expediente Judicial Electrónico, Bolivia está dando un primer paso para que el sistema judicial boliviano ingrese a la era digital y consiga alinearse a los países en vía de desarrollo, lo que ayer era un sueño, hoy es una realidad tangible, dejamos de ser un país expectante del desarrollo global y regional, en el arduo camino de superación y transparencia en la función pública y judicial, siempre bajo la voluntad del creador.
Para finalizar, cabe citar las palabras de Charles Darwin: «No es el más fuerte el que sobrevive, sino aquel que es más adaptable al cambio».
Dr. Olvis Egüez Oliva, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Santa Cruz.