Un juicio social de algunos ex funcionarios despedidos del GAMLP de 2014 ha sido rebuscado como arma de interferencia contra dicha autoridad. Al parecer el juez 7º del Trabajo y Seguridad Social es diligente en complacer a los gobernantes. El citado juez no tuvo inconveniente en dictar la retención de recursos económicos del municipio paceño, facilitando la rapidez del Ministerio de Economía para congelar las cuentas de la institución, haciendo conocer la medida por nota expresa. La alcaldía quedó inerme ante el manejo correspondiente. No fueron medidas las consecuencias de una medida radical, nada menos que cuando la pandemia crece en la ciudad. Ante el reproche general, reparticiones dependientes del indicado ministerio procedieron a rectificarse, alegando que se trataba solamente de la retención de más o menos 300.000 bolivianos, deducibles a favor de ocho ex funcionarios.
Tan ingrata noticia coincidía con la comparecencia de Iván Arias, Alcalde de La Paz, a la fiscalía para declarar en un juicio por la presunta designación de un funcionario carente de las condiciones de desempeño, cuando el actual alcalde era Ministro de Obras Públicas. Los fiscales no ven ni vieron durante 14 años las decenas de nombramientos sin título profesional ni idoneidad que el Gobierno prolifera a favor de sus partidarios. Sin embargo, no se les ocurre investigar tal multitud de designaciones contra ley.
Dos horas más tarde del indicado día, el nuevo alcalde debía asistir a una audiencia para responder por su presunta participación en el desfalco de la compra de pertrechos no letales con destino a la Policía. De todos los implicados, Arias es el primer conminado a encarar ese juicio, no obstante que hay dos ex ministros detenidos del gobierno transitorio. Nadie puede dudar que lo que se busca es acosar al edil y hacerle la vida imposible, poniendo piedras en su función de primera autoridad de La Paz.
En el fondo se golpea a La Paz, más que al propio alcalde, en momentos del crecimiento de la pandemia, lo que demanda al Gobierno municipal la provisión suficiente de oxígeno medicinal y demás insumos escasos contra la Covid. Es sabido que algunos jueces del Trabajo favorecen a la parte laboral, tenga o no justificación en sus demandas, favoreciéndose a sí mismos con alguna cuota del monto liquidado en el juicio. Así este Órgano sella su mala imagen frente a la opinión pública. Estas actitudes trascienden fuera de las fronteras, con el funesto antecedente de que el país no garantiza seguridad jurídica. Hay ciudadanos que consideran que la Justicia convertida –no de ahorra– en brazo persecutor del Ejecutivo aplica indirectamente una sanción a la ciudad de La Paz, coartándole el uso de sus recursos siempre necesarios y urgentes. Es que el electorado paceño en repetidos comicios no dio la victoria al partido de Gobierno.