La democracia liberal contemporánea padece de una obsolescencia programada que la clase política global se niega a admitir. Se asemeja a un paquidermo burocrático, diseñado en el Siglo XIX, intentando procesar con la lentitud de una máquina de escribir los embates de una distopía política que avanza a la velocidad de un algoritmo.
El sistema institucional actual está paralizado por su propia adoración al procedimiento; mientras los congresos y parlamentos del mundo libre debaten interminablemente en comisiones estériles sobre corrección política o formas, los fenómenos disruptivos, el autoritarismo digital y los populismos virales ya han incendiado las calles y hackeado la percepción ciudadana. Las nuevas fuerzas antisistema no respetan los tiempos legislativos, no piden permiso y operan fuera de las reglas tradicionales, dejando a las democracias reaccionando siempre tarde, con un asombro paralizante frente a realidades que ya las han rebasado por completo. Ante esta pavorosa asimetría de velocidades, surge una interrogante aún más letal acerca de la economía. ¿Está este modelo senil preparado para ejecutar el inevitable desmantelamiento de un Estado obeso y recortar los gastos faraónicos que lo asfixian? La respuesta, bajo el actual esquema de incentivos electorales, es un rotundo y aterrador no.
El problema estructural radica en que la política democrática moderna ha mutado en una grotesca subasta de dinero ajeno. Pedirle a un sistema diseñado exclusivamente para comprar simpatías con fondos públicos que ejecute un recorte feroz, que liquide burocracias parasitarias y que desmantele privilegios corporativos consolidados por décadas, es pedirle a un adicto que redacte la ley antinarcóticos. Para un político tradicional, extirpar el Estado benefactor de sus excesos implica cometer un suicidio electoral inmediato. Por ello, las élites gobernantes, convertidas en simples gerentes del cortoplacismo y aterrorizadas por el escrutinio de las redes sociales, prefieren maquillar la quiebra emitiendo deuda tóxica o exprimiendo al mermado sector privado productivo con más impuestos, antes que tener la mínima valentía gerencial de cerrar ministerios inservibles o despedir a legiones de burócratas cuyo único mérito es calentar una silla.
Esta parálisis no es el fracaso de una gestión aislada, es la falla sistémica de un modelo global que ha confundido la gobernabilidad con la complacencia infinita y el clientelismo ilustrado. Para sobrevivir al asalto de las realidades disruptivas, la democracia debe dejar de comportarse como una agencia de empleos y favores. Requiere urgentemente un shock de pragmatismo despiadado; necesita líderes dispuestos a ser odiados en el presente para evitar el colapso financiero del futuro. Si el sistema no se atreve a mutilar sus propios tumores burocráticos y a tomar las decisiones draconianas e impopulares que exige la matemática económica elemental, no hará falta que ninguna tiranía externa lo destruya; colapsará mansamente, asfixiado bajo el peso de su propia e insostenible mediocridad. Esta no es una crítica a un gobierno en especial, es una reflexión a un sistema global completo que necesita un cambio para permanecer en el Siglo XXI sin sobresaltos y garantizando los derechos de los ciudadanos.
El autor es abogado.