El precio de la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilogramos se mantendrá en 22,50 bolivianos, mediante un mecanismo de subvención establecido en el Decreto Supremo 5746, que también modifica los márgenes de comercialización para distribuidores mayoristas y minoristas, ante el incremento de los costos operativos provocado por el encarecimiento del diésel.
La nueva disposición modifica e incorpora aspectos del Decreto Supremo 5534, del 31 de enero de 2026, con el propósito de evitar que el aumento de los gastos de transporte y distribución repercuta en el precio final del combustible doméstico.
La normativa responde a las dificultades económicas expuestas por los distribuidores de GLP, quienes protagonizaron movilizaciones para reclamar una revisión de sus márgenes de comercialización, debido al incremento de los costos de operación tras los ajustes en el precio del diésel.
El decreto establece modificaciones en la estructura de precios de la cadena de distribución, destinadas a compensar los mayores gastos logísticos y mantener el abastecimiento del producto sin trasladar esos costos a los consumidores.
Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir Notas de Crédito Fiscal (Nocres) endosables a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como parte del mecanismo de subvención al GLP producido tanto en plantas de procesamiento como en refinerías.
Para el GLP producido en refinerías, la disposición contempla un descuento de 1,53 bolivianos por kilogramo dentro de la estructura de precios, con la finalidad de mantener su valor de venta en 2,25 bolivianos por kilogramo, equivalente a 22,50 bolivianos por una garrafa de 10 kilogramos.
El mecanismo permite compensar parte de los costos asociados a la producción y comercialización del combustible, mientras se preserva el precio establecido para su venta al consumidor final.
La medida se articula con el Decreto Supremo 5667, del 30 de julio de 2026, que establece la vigencia de la subvención al GLP producido en plantas y refinerías hasta el 31 de diciembre de este año.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca mantener el precio del combustible de uso doméstico y atender las demandas de los distribuidores, cuyos costos de transporte se incrementaron como consecuencia de las variaciones en el precio del diésel.