Crisis económica exige algo más que ajustes

La recuperación económica de Bolivia exige reducir el gasto público, reestructurar las empresas estatales y reorganizar la administración nacional y municipal. Estas medidas deben formar parte de un plan de estabilización macroeconómica que permita recuperar las condiciones para la inversión y el crecimiento, puesto que disminuir el número de ministerios sin modificar sus estructuras administrativas ni reducir la burocracia resulta insuficiente para corregir los problemas fiscales del país.
El analista económico Mario Galindo, en entrevista con EL DIARIO, advirtió que el Gobierno concentró sus esfuerzos en reducir gradualmente la subvención a los hidrocarburos, cuyo costo, según sus estimaciones, alcanzaba los 3.000 millones de dólares anuales, pero no avanzó suficientemente en la disminución del gasto corriente.
“El plan de estabilización pasa por una reducción del gasto público”, sostuvo Galindo, al señalar que el ajuste debe extenderse al funcionamiento del aparato estatal, particularmente a la estructura administrativa y las empresas públicas.
Según sus cálculos, Bolivia cuenta con aproximadamente 600.000 servidores públicos, de los cuales unos 250.000 corresponden a la administración central, departamental y municipal. Aseguró que este último grupo se quintuplicó respecto de los 50.000 registrados al inicio del gobierno de Evo Morales y señaló que el gasto corriente aumentó alrededor de un 13% entre 2020 y 2026.
“¿De qué me sirve reducir los ministerios si lo que antes era un ministerio ahora es un viceministerio y sigue teniendo la misma cantidad de gente?”, cuestionó.
A su juicio, las reformas deben traducirse en una disminución efectiva de los costos administrativos y no limitarse a cambios de denominación o jerarquía institucional.
En cuanto a las empresas públicas, propuso alternativas a la privatización, como la cooperativización, las asociaciones de inversión y la transferencia de determinadas unidades productivas a sus trabajadores, sin descartar el cierre de aquellas que resulten inviables.
Consideró que alrededor de 25 empresas podrían ser reorganizadas y planteó reducir al menos un 60% las estructuras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), debido a que sus actuales dimensiones, según su evaluación, no corresponden con sus niveles de producción.
Galindo cuestionó la actual organización territorial de Bolivia, que cuenta con 339 municipios, y propuso revisar su estructura mediante mancomunidades y mecanismos de integración municipal. Argumentó que algunas alcaldías destinan gran parte de sus presupuestos al pago de salarios, lo que limita su capacidad para financiar obras y proyectos de desarrollo.
Sostuvo que una reorganización de las instituciones nacionales y subnacionales permitiría reducir los costos administrativos sin recurrir necesariamente a despidos masivos, además de mejorar la utilización de los recursos públicos.
Para reactivar la producción, planteó aprovechar el potencial de las energías eólica y solar, impulsar la industrialización del litio y resolver los problemas que dificultan el desarrollo de proyectos estratégicos, como la siderurgia del Mutún.
Asimismo, observó la permanencia de estructuras administrativas y funcionarios vinculados con anteriores gestiones gubernamentales. En ese sentido, propuso incorporar personal mediante concursos basados en méritos profesionales, particularmente en puestos estratégicos, y establecer mecanismos de evaluación de resultados.