El Gobierno nacional y ocho gobernadores acordaron impulsar modificaciones en tres leyes para ampliar los recursos económicos de los departamentos y fortalecer su capacidad de gestión. Los compromisos fueron alcanzados durante una reunión de la Agenda 50/50 realizada ayer en Cobija, Pando, donde también se establecieron plazos para avanzar en una nueva normativa de coparticipación tributaria.
Entre los principales acuerdos figura la revisión de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, particularmente de los mecanismos de distribución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que la modificación busca mejorar el equilibrio fiscal de las gobernaciones y fortalecer sus posibilidades de acceder a financiamiento multilateral. Sin embargo, precisó que previamente se evaluarán los resultados obtenidos en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Otro compromiso contempla la elaboración de una normativa que sustituya la Ley 699 Básica de Relacionamiento Internacional de las Entidades Territoriales Autónomas. Esta iniciativa, que será impulsada mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, pretende facilitar que los gobiernos departamentales gestionen cooperación internacional, inversiones, transferencia de tecnología y financiamiento para proyectos, dentro de sus competencias.
Asimismo, las autoridades acordaron concluir el trabajo técnico para modificar la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. La propuesta está orientada a ampliar las fuentes de ingresos propios de las administraciones departamentales.
Aramayo reconoció que las dificultades financieras afectan tanto al nivel central como a las entidades territoriales autónomas, especialmente a las gobernaciones, por lo que consideró necesario adoptar medidas que permitan aliviar sus restricciones presupuestarias a corto plazo.
En materia de coordinación institucional, se acordó establecer mesas técnicas permanentes y gabinetes territoriales para abordar asuntos relacionados con salud, educación, desarrollo productivo, minería y energía.
Para el 30 de octubre está prevista una primera instancia de trabajo en la que el Ejecutivo presentará propuestas de gestión sectorial destinadas a precisar la distribución de competencias y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Estos elementos servirán de base para definir mecanismos de equilibrio fiscal y mejorar la asignación de recursos.
En relación con la coparticipación tributaria, el Gobierno anunció que el 30 de octubre presentará una propuesta normativa para su discusión con las autoridades departamentales, mientras que el 6 de noviembre está prevista su remisión a la Asamblea Legislativa.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, valoró que se hayan fijado fechas para avanzar en la redistribución de recursos y sostuvo que estos compromisos representan resultados concretos de la Agenda 50/50.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó que la coparticipación tributaria constituye uno de los principales asuntos abordados durante la reunión. Consideró posible que la nueva disposición sea promulgada el 18 de noviembre, durante un encuentro previsto en el departamento del Beni.
Velasco señaló que, con la aprobación de la normativa, las gobernaciones podrían acceder desde 2027 a recursos de coparticipación tributaria, al igual que los gobiernos municipales y las universidades públicas. No obstante, aclaró que todavía debe definirse el porcentaje que corresponderá a las administraciones departamentales.
La gobernadora de Pando, Gabriela De Paiva, resaltó la coordinación entre las autoridades nacionales y departamentales para preparar un anteproyecto de ley que podría presentarse conjuntamente el 6 de noviembre, con la participación de las bancadas legislativas.
La reunión contó con la participación de ocho gobernadores, con excepción de la autoridad departamental de Cochabamba, y concluyó con el compromiso de continuar las negociaciones para fortalecer la autonomía departamental mediante recursos efectivos, una distribución más clara de responsabilidades y mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles del Estado.
La hoja de ruta acordada contempla criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y distribución eficiente de los recursos públicos, con miras a establecer un nuevo esquema de financiamiento departamental a partir de 2027. (Cobija, agencias)