La economía boliviana registraría una contracción del 2,8% en 2026, según las proyecciones del Banco Mundial (BM), en un contexto de dificultades económicas, problemas de abastecimiento energético y posibles ajustes fiscales y monetarios que podrían profundizar la recesión.
La reducción de la actividad productiva también tendría repercusiones sobre el empleo, los ingresos de la población y las finanzas públicas, de acuerdo con el análisis del economista Fernando Romero.
El informe Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado en octubre de 2026, ubica a Bolivia con la mayor caída económica proyectada de la región, seguida de Haití, con una disminución del 1,5%; Jamaica, con el 0,8%; y Trinidad y Tobago, con el 0,2%. Estas perspectivas contrastan con el crecimiento promedio regional previsto del 2,2%.
En otros países, las estimaciones apuntan a una expansión del 0,8% en Chile, del 1,4% en México y del 2,1% tanto en Argentina como en Brasil. Las diferencias reflejan un panorama regional desigual, caracterizado por limitaciones para dinamizar la inversión, elevar la productividad y ampliar las oportunidades laborales.
Fernando Romero advirtió que una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano afectaría la recaudación tributaria, las actividades empresariales y la generación de empleo, además de complicar los esfuerzos para corregir los desequilibrios fiscales.
Según su evaluación, las perspectivas nacionales podrían deteriorarse por los efectos de posibles reformas estructurales, particularmente en los ámbitos fiscal y financiero. Entre las medidas consideradas mencionó la eliminación total de la subvención a los combustibles y la reducción del déficit público, que podrían profundizar la contracción económica y generar nuevas presiones sobre los precios y las condiciones de vida de la población.
Romero sostuvo que estas políticas, orientadas a corregir los desequilibrios de las cuentas estatales, también podrían reducir la capacidad de consumo de los hogares y limitar la inversión privada, con consecuencias sobre la producción y el empleo durante los próximos dos años.
Otro factor de riesgo, según el especialista, es la orientación restrictiva que podría adoptar la política monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB), mediante el retiro de liquidez de la economía para contener la inflación. Aunque esta medida buscaría moderar el incremento de precios, también podría restringir el crédito, el consumo y la inversión.
En ese escenario, Romero considera que la caída del PIB podría superar el 2,8% previsto por el Banco Mundial y aproximarse al 3,6% señalado como estimación gubernamental, debido a los efectos combinados de los ajustes fiscales, las restricciones monetarias y las dificultades que enfrenta el aparato productivo.
A estos problemas se suma la escasez de combustibles, que ha ocasionado retrasos en las labores agrícolas y presiones sobre los precios de determinados productos, incrementando los costos de producción y comercialización.
En el ámbito regional, el Banco Mundial advierte que el elevado endeudamiento, los costos financieros y la volatilidad de los precios energéticos restringen el margen fiscal de los gobiernos y limitan las inversiones necesarias para impulsar la actividad económica. Estas condiciones también dificultan la generación de empleos formales y una mejora sostenida de los ingresos.
Si bien las estimaciones del organismo internacional no constituyen resultados definitivos, Romero considera que los desequilibrios económicos internos y los eventuales efectos de las políticas de ajuste incrementan el riesgo de una contracción mayor a la inicialmente prevista.
Bolivia enfrenta así el desafío de estabilizar sus finanzas públicas y controlar la inflación sin profundizar la caída de la producción, el deterioro del empleo y la pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre los sectores de menores ingresos.