La Fiscalía General del Estado comunicó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de una investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas, que contempla denuncias por asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
La actuación fue informada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, luego de recibir una proposición acusatoria presentada por la senadora de Libre Tomasa Yarhui y otros legisladores.
La solicitud ingresó al Ministerio Público el 10 de octubre y fue remitida a la Sala Penal del TSJ ayer para su tratamiento dentro del procedimiento especial aplicable a quienes ejercieron la Presidencia y Vicepresidencia del Estado.
La Fiscalía debe analizar la admisibilidad de la proposición y, a partir de esa evaluación, emitir un informe que permita establecer los siguientes pasos. Urioste también solicitó a los magistrados que comuniquen a su despacho las decisiones y actuaciones que se produzcan durante la tramitación del caso.
La denuncia está relacionada con el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, que dejó tres personas fallecidas y otras dos detenidas. En aquel momento, las autoridades sostuvieron que la intervención buscaba desarticular una célula terrorista, pero el procedimiento fue posteriormente cuestionado y estuvo acompañado de denuncias de extorsión.
Cuando ocurrió el operativo, Morales era presidente del Estado y se encontraba de viaje en Venezuela, mientras García Linera ejercía la Presidencia en funciones. Entre los antecedentes del caso figura el reconocimiento de Morales de haber ordenado la intervención policial.
Los hechos también fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por familiares de Michael Dwyer, ciudadano irlandés fallecido durante el operativo, y por sobrevivientes. Según los antecedentes proporcionados, esa instancia identificó vulneraciones de derechos y estableció la necesidad de resarcimiento. El proceso en el país fue cerrado durante el gobierno de Jeanine Añez.
La comunicación de la Fiscalía corresponde al comienzo del trámite y no establece la responsabilidad penal de los señalados. Si el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio de responsabilidades, deberá remitir el requerimiento a la Asamblea Legislativa, que tendrá que autorizarlo con el voto de dos tercios de sus miembros.