Existe un concepto que aparece de manera reiterada en los documentos operativos del Fondo Monetario Internacional (FMI), no precisamente en sus Estatutos ni en ninguna disposición jurídica vinculante, pero es decisivo para el éxito de cualquier programa: “el ownership”.
No es una obligación legal ni una cláusula contractual, surge más bien en la doctrina institucional del Fondo, especialmente en las Guidelines on Conditionality (2002, revisadas en 2018), donde se establece que la sostenibilidad de un programa depende de que el país asuma las reformas como propias y no como imposiciones externas. En otras palabras, el ownership es un criterio operativo, pero con un peso político y técnico enorme en la relación entre el FMI y sus países miembros.
El ownership puede ser definido como el grado de compromiso real que tiene un país con las reformas de un programa del FMI. Significa que el Gobierno entiende las medidas, las considera necesarias, las asume como propias y está dispuesto a implementarlas sin verlas como imposiciones externas. En términos simples, el programa funciona cuando el país lo hace suyo y es un requisito operativo para aprobar un programa.
Un programa del FMI siempre implica un costo, definido en la literatura como “el golpe del ajuste”. La eliminación de subsidios, la corrección cambiaria y otras medidas dentro del programa de ajuste suelen generar una inflación intensa pero transitoria. El ownership exige que el Gobierno entienda ese proceso y esté dispuesto a ejecutarlo, y que la población confíe en que el sacrificio es temporal y conduce a la estabilización. Un ajuste solo funciona cuando la población sabe que habrá un costo y cree que después la economía mejorará.
El FMI no exige que la población “acepte” o “apoye” explícitamente el programa, pero sí evalúa la viabilidad política y social del programa, es decir, si el Gobierno tiene suficiente capital político para implementar las reformas de estabilización y que éstas pueden ser ejecutadas sin un estallido social y un eventual riesgo de paralizar el programa. Esto no es ownership social en sentido estricto, pero sí es sostenibilidad política del programa que el FMI considera esencial. Por eso el FMI evalúa el ownership antes de que su Directorio otorgue la aprobación final al crédito y en cada revisión antes de un desembolso parcial.
Lo interesante es que, aunque la Asamblea Legislativa no tiene competencia para aprobar las condiciones del programa con el FMI —porque la ley solo le autoriza a aprobar el contrato de préstamo (monto, tasa y plazo) y no el contenido del programa económico— su actuación sí influye directamente en el ownership. Si la Asamblea entiende el objeto real del crédito y tramita su aprobación sin politizarlo, el FMI interpreta que existe un respaldo político mínimo y que el programa es implementable. En cambio, si la Asamblea cuestiona las condiciones del programa o convierte el trámite en una disputa partidaria, el Fondo podría concluir que no hay consenso interno y que las reformas serán difíciles de ejecutar. La actitud de la Asamblea podría determinar si el país muestra compromiso o resistencia y ese mensaje pesa en la evaluación del ownership.
No está mal que la Asamblea Legislativa debata el Programa con el FMI, siempre que lo haga desde un enfoque técnico y no con objetivos partidarios o políticos. Cuando el debate se contamina de cálculos políticos, no solo se dificulta la implementación del Programa, sino que se pone en riesgo su aprobación final por parte del Directorio del Fondo. Ese costo institucional puede marcar el rumbo económico del país durante la próxima década.
Bolivia enfrenta un momento decisivo. Un Gobierno debilitado, golpeado por escándalos y destituciones, llega a la antesala de un programa del FMI que podría iniciar la estabilización de la economía. Es el punto en que la política debe unirse a la economía, sin un acuerdo explícito entre los líderes con representación parlamentaria, el programa de ajuste simplemente no será viable. La estabilidad no depende solo de las medidas técnicas, sino del respaldo político mínimo que permita ejecutarlas sin sabotaje ni parálisis. Cuando ese acuerdo falla, el ajuste se vuelve inviable antes de empezar.
Si el programa no se aprueba o fracasa, el deterioro en la calidad de vida de los bolivianos será inevitable, especialmente en un país que ya vive una crisis energética que puede agravarse en el corto plazo. La estabilización no es una opción, es la única salida para evitar una década de empobrecimiento.
El autor es economista.