El programa económico plantea una estabilización integral de la economía boliviana mediante ajuste fiscal, control monetario y un régimen cambiario más flexible, pero el paso inicial parte del Gobierno y empezar una gran reforma institucional, como eliminar la subvención a los combustibles y abrir el mercado boliviano a la inversión extranjera. Los acuerdos políticos van primero para aprobar las nuevas leyes en camino.
El analista económico Fernando Romero detalla que el programa establece un déficit del Sistema Público No Financiero (SPNF) de hasta 46.800 millones de bolivianos en 2026 y una meta de base monetaria de 133.900 millones al cierre del año.
Política
El analista económico Gonzalo Chávez apuntó que avanzar en la implementación de políticas económicas y abrir el país a la inversión extranjera, así como dar el paso definitivo a la eliminación de la subvención de los combustibles para lograr un gran acuerdo político.
Los analistas políticos y económicos anticipaban, antes de las elecciones, que el partido ganador tendrá que implementar medidas impopulares como la eliminación de la subvención a los combustibles, así como el cierre de empresas estatales ineficientes.
La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que ya están para el cierre, ocho empresas de las 15 identificadas, que se encuentran en una situación complicada.
Metas
Romero sostiene que el ajuste también contempla eliminación de subsidios, racionalización del gasto, mayor movilización de ingresos y reformas estructurales. En paralelo, se busca proteger a los sectores vulnerables mediante un piso de gasto social de 9.300 millones de bolivianos acumulados a diciembre de 2026 y mejorar la focalización de las transferencias.
Entretanto, el consultor financiero Jaime Dunn escribió en sus redes sociales de que el FMI llega cuando el Estado ya produjo la crisis y se quedó sin dinero para ocultarla; sin embargo, anticipa que hay tres advertencias fundamentales.
El primero tiene que ver con el ajuste, que debe empezar por el Estado, no por el ciudadano. “No arreglemos el exceso de Estado cobrándole más a quien ya lo financió. La familia boliviana ya perdió salario, ahorro y poder adquisitivo. Los ciudadanos ya hicieron su parte; ahora le toca al Estado”, sostuvo.
El segundo se refiere a la deuda, que solo sirve si compra reformas. “Endeudarse para reformar puede ser razonable; endeudarse para no reformar es hipotecar el futuro. El financiamiento compra tiempo; las reformas compran futuro”, aseguró.
Asimismo, el tercer punto señala que estabilizar no es transformar. “El acuerdo puede ordenar la macroeconomía, pero no sustituye la gran reforma institucional: justicia, inversión, desregulación, propiedad privada, apertura y límites al poder”, advierte.
Por ello señala que las reformas no deben hacerse porque las exige el FMI, sino porque Bolivia las necesita. El FMI puede ayudarnos a ordenar las cuentas. No puede construir por nosotros un mejor futuro. No usemos dólares nuevos para financiar el mismo Estado viejo.
Flexible
Por su parte, Romero dijo que el régimen cambiario será flexible y orientado al mercado, mientras el BCB deberá mantener en cero el nuevo crédito neto al sector público.
Desde el principio, los analistas económicos apuntaron a reducir el Estado y bajar el déficit fiscal, que implica cerrar empresas públicas y eliminar la subvención a la gasolina y al diésel, al gas natural y la electricidad.
La condición central del programa, es que Bolivia debe realizar un ajuste fiscal de aproximadamente 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029, eliminar el déficit primario al finalizar el programa y llevar el déficit global hasta 3,5% del PIB en 2029.
Para 2026, el déficit no debería superar 47.000 millones de bolivianos o 9,3% del PIB. Esto implica controlar gasto corriente, masa salarial, inversión pública y subvenciones, observó el economista.
El programa pretende colocar la deuda pública en una trayectoria descendente y llevarla a menos del 90% del PIB en 2029. Para ello se combinarán consolidación fiscal, crecimiento económico y reducción de los costos reales de nuevo endeudamiento, señala.
Uno de los puntos más fuertes apunta a la eliminación de la subvención a combustibles. El programa prevé que en 2027 no exista y no salga del Tesoro General de la Nación (TGN) o de empresas estatales y que los precios alcancen niveles de recuperación de costos desde enero de este año.
Alto riesgo
Romero explica que el memorando representa un programa de estabilización profundo y necesario, pero de alto riesgo en su etapa inicial. Su fortaleza está en atacar simultáneamente déficit fiscal, financiamiento monetario, distorsiones cambiarias, deuda, inflación y debilidades financieras.
La meta de eliminar el déficit primario y reducir el déficit global a 3,5% del PIB en 2029 puede mejorar significativamente la solvencia del Estado. También puede recuperar la credibilidad del BCB y crear mejores condiciones para la inversión privada, afirmó.
No obstante, el ajuste de 8,5% del PIB es suficientemente grande como para generar costos económicos y sociales importantes. La eliminación de subsidios, la depreciación cambiaria y el endurecimiento monetario pueden presionar simultáneamente precios, empleo y crédito.
Por ello, la velocidad y la calidad de la ejecución serán tan importantes como las metas fiscales, reflexionó.
“El éxito dependerá de proteger efectivamente a los hogares vulnerables y evitar que el ajuste se convierta en una recesión prolongada”, agregó.
Mientras tanto, el análisis de la economía por parte de la Fundación Jubileo proyectó que la recuperación de la economía tomará por lo menos 7 años, ya que la crisis económica y energética son profundas.