El Gobierno anuncia procesos contra funcionarios de YPFB, ANH y cisterneros

Después de la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció el inicio de procesos contra mafias compuestas por funcionarios de la empresa petrolera, la entidad reguladora, choferes de cisternas y dueños de estaciones de servicio.
La intervención no se limitó a incrementar el abastecimiento. La Comisión inició también una revisión de los mecanismos de distribución y de los actores que intervienen en la cadena de comercialización, con el objetivo de evitar que el combustible destinado a la población termine siendo desviado.
En ese marco, una de las tareas centrales es identificar a las estructuras que se benefician ilegalmente de la subvención y que provocan que el carburante no llegue a su destino.
El informe señala que estas mafias pueden involucrar a malos funcionarios de YPFB y la ANH, además de algunos cisterneros y propietarios de estaciones de servicio. Con el apoyo del control social, ya comenzaron a identificarse indicios de estas estructuras que desvían el combustible destinado a los bolivianos, transportistas y productores.
La instrucción de la Comisión es avanzar hasta establecer responsabilidades y poner ante la justicia a quienes hayan cometido delitos.
Red de corrupción
El Gobierno denunció ayer la existencia de una red de corrupción arraigada por más de 20 años en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tras una intervención que identificó a 300 implicados. Entre los señalados se encuentran funcionarios, operadores, despachantes y usuarios.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, anunció, en conferencia de prensa, que ya se realizan acciones directas y se “activan procesos penales” en contra de los involucrados.
“Se identificaron usuarios, operadores y despachantes. Contra ellos se están generando acciones directas y procesos penales”, remarcó la autoridad.
El Poder Ejecutivo denunció que estas redes ilegales, enquistadas por más de dos décadas en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, perjudican la economía de la población. Con estos resultados, se eliminará la corrupción y el contrabando para darle seguridad al país.
Identificación
de casos
La entidad detectó graves irregularidades en los procesos de despacho de mercancías, luego de confirmarse la salida de productos sin su facturación correspondiente. Según la normativa vigente, el procedimiento administrativo exige que se realice el pago, la emisión de la factura y la orden de despacho antes de proceder con la asignación final. Sin embargo, las auditorías revelaron múltiples casos en los que se invirtió este orden, priorizando la entrega de los despachos antes de formalizar los cobros y registros tributarios.