El Tribunal de Sentencia Primero de Punata condenó a 30 años de prisión, sin derecho a indulto a Eloy Jaldín Heredia por el feminicidio de Analy Zurita. La sentencia también dispone atención psicológica para los cinco hijos de la víctima, quienes quedaron en la orfandad tras el crimen ocurrido en julio de 2025.
El juicio se desarrolló con la presentación y valoración de pruebas documentales, periciales y testificales. La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Lourdes Tarqui, , informó que la decisión fue asumida por unanimidad y que Jaldín deberá cumplir la condena en el penal de El Abra.
El hecho ocurrió el 16 de julio de 2025, cuando Zurita se encontraba en una vivienda alquilada en Aramasi, Punata, junto a sus cinco hijos. Durante una discusión, Jaldín la agredió y le provocó graves lesiones. La mujer fue auxiliada y trasladada inicialmente al hospital de Punata y posteriormente al hospital Viedma de Cochabamba.
Zurita permaneció varias semanas en terapia intensiva y fue sometida a una cirugía y transfusiones de sangre. Los estudios médicos establecieron que las lesiones que sufrió en la cabeza provocaron una muerte cerebral y, finalmente, falleció el 11 de septiembre de 2025.
Tras su muerte, sus cinco hijos quedaron bajo el cuidado de su entorno familiar y actualmente reciben apoyo de la Fundación Voces Libres, que les otorga becas mensuales de estudio debido a la situación económica de la familia. La sentencia establece además que los menores reciban atención psicológica.
La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, señaló que el caso refleja la necesidad de aplicar la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio y otros delitos contra la Vida. La norma fue promulgada el 5 de noviembre de 2025 y contempla un bono económico, atención terapéutica y seguimiento para esta población.
El 4 de marzo de 2026, la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones presentaron una propuesta de reglamentación ante el Ministerio de la Presidencia. La iniciativa busca establecer la aplicación de las medidas previstas en la norma y permanece a la espera de su aprobación. (Agencias)
