Durante su declaración ante la Fiscalía por la investigación de presunto enriquecimiento ilícito, el consultor argentino, Fernando Cerimedo, calificó el proceso como un “golpe de Estado” para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz y cuestionó que parte del interrogatorio estuviera relacionada con su vínculo con el mandatario y su participación en la administración estatal.
La declaración se realizó el jueves 27 de agosto en Palmasola. Cerimedo reconoció que colaboró con estrategias de comunicación digital durante la segunda vuelta electoral de 2025, pero negó haber tenido un contrato con el Estado o haber recibido recursos públicos irregulares.
El consultor evitó precisar si ocupó un cargo formal dentro del Gobierno y sostuvo que las preguntas sobre sus reuniones, contactos con autoridades y participación en decisiones de la administración no tenían relación con la investigación económica. “No tienen nada que ver con el caso”, respondió ante esas consultas.
Al finalizar su declaración, Cerimedo afirmó que el proceso forma parte de un supuesto intento de desestabilización del Gobierno. “Es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz violentando todos los derechos y tratados internacionales”, sostuvo.
Sobre sus recursos, aseguró que sus ingresos provienen de empresas y consultorías en Argentina y Estados Unidos. Dijo que durante 2025 obtuvo cerca de un millón de dólares, negó tener cuentas en Bolivia y afirmó que puede explicar el origen de sus recursos.
La defensa sostiene que esos ingresos fueron generados en el exterior y pueden ser respaldados con documentación. También cuestionó los allanamientos y las cifras sobre el dinero encontrado, mientras que la Fiscalía investiga el origen y movimiento de los recursos y presentó una imputación formal contra Cerimedo, para quien solicitó seis meses de detención preventiva.
La audiencia de medidas cautelares debía instalarse la tarde del viernes, pero fue suspendida y reprogramada para las 9:30 del sábado. En paralelo, la defensa anunció que pedirá la reserva de la investigación y que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si considera que se vulneraron los derechos de Cerimedo.
