En el Día del Abuelo, abundan mensajes de gratitud, homenajes, actos escolares y emotivas fotografías familiares. Pero terminada la conmemoración, miles de abuelos vuelven a enfrentarse con una realidad muy distinta. La Constitución Política y la Ley Nº 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores, los reconocen como un grupo vulnerable y de atención prioritaria. Ese reconocimiento no es un gesto simbólico, sino un mandato legal que obliga al Estado a brindarles protección reforzada, atención preferente y pleno respeto a sus derechos.
Lamentablemente, entre la ley y la realidad persiste una profunda contradicción. Quien dispone considerar la norma termina siendo, en los hechos, desconsiderado.
Basta recorrer cualquier institución pública para comprobarlo. Personas adultas mayores hacen largas filas para realizar trámites, cobrar beneficios o acceder a servicios esenciales. La atención preferente muchas veces queda reducida a un letrero, mientras la espera, el cansancio y la indiferencia se convierten en parte de su rutina.
La situación es aún más dolorosa en el sistema de salud. Desde la madrugada, cientos de adultos mayores esperan por una ficha médica o una consulta especializada. Muchos llegan desde provincias después de recorrer largas distancias y asumir gastos que afectan su economía. En lugar de encontrar comprensión por su condición de grupo vulnerable, encuentran burocracia, demoras y, en ocasiones, la amarga noticia de que deberán regresar otro día.
También persiste el incumplimiento de beneficios establecidos por la ley, como los descuentos en pasajes aéreos y otras medidas de protección. Un derecho que encuentra obstáculos permanentes para hacerse efectivo deja de ser un verdadero derecho.
Ni qué decir del sistema de justicia. Numerosos adultos mayores enfrentan procesos que se prolongan durante años entre audiencias suspendidas, trámites interminables y resoluciones que llegan demasiado tarde. Para una persona de edad avanzada, el tiempo tiene un valor que la burocracia parece desconocer. La demora judicial puede significar que nunca llegue a disfrutar del derecho que reclama.
El mejor homenaje a los abuelos no consiste en entregarles un diploma una vez al año, sino en garantizar que los otros 364 días sean tratados con respeto, prioridad y dignidad. Los derechos no pueden ser celebrados únicamente el 26 de julio; deben cumplirse todos los días.
A los jueces, fiscales, autoridades de salud y servidores públicos corresponde recordar que la Ley Nº 369 no contiene recomendaciones, sino obligaciones. Cada fila interminable, cada audiencia suspendida, cada beneficio incumplido y cada trámite postergado representan una nueva forma de desconsideración hacia quienes la propia ley reconoce como grupo vulnerable. Porque el peor homenaje que puede hacer un Estado a sus abuelos es aplaudirlos un día y olvidarlos el resto del año.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.