El enfoque de gestión de riesgos en Bolivia requiere una transición urgente de un modelo asistencialista y reactivo a uno de prevención sistemática e institucionalizada.
Históricamente, la respuesta de las autoridades locales y nacionales frente a eventos climáticos adversos ha operado bajo la lógica de la emergencia inmediata, ignorando la predictibilidad cíclica de inundaciones, incendios forestales y deslizamientos. Esta falta de planificación anticipada incrementa exponencialmente los costos económicos, sociales y humanos en el país.
1. Diagnóstico: El círculo vicioso de la vulnerabilidad recurrente
Cada año, fenómenos hidrometeorológicos y antrópicos impactan zonas vulnerables con dinámicas conocidas. En municipios mineros y de cabecera de cuenca como Tipuani o Guanay, el desbordamiento de los ríos no es un evento impredecible. La acumulación continua de sedimentos, agravada por la minería aluvial sin regulación ambiental, reduce la capacidad de las cuencas e interrumpe el flujo natural del agua.
Por otro lado, la Chiquitania y las zonas tropicales sufren pérdidas sistemáticas de cobertura vegetal debido al uso no controlado del fuego para habilitación de tierras, combinado con la falta de monitoreo preventivo en épocas de sequía. Frente a esto, las intervenciones estatales suelen concentrarse en la distribución de vituallas y ayuda humanitaria posterior al desastre, en lugar de destinar presupuesto previo al dragado de ríos, la construcción de gaviones y la mitigación del riesgo.
2. Reestructuración logística: Descentralización operativa de Defensa Civil
Para que la prevención sea efectiva, la infraestructura de respuesta rápida debe estar desplegada estratégicamente antes de la llegada del periodo de lluvias o sequías. El flujo institucional debe operar con el nivel central a cargo de la planificación y asignación presupuestaria, el cual abastece directamente a las divisiones militares y unidades de Defensa Civil descentralizadas. Estas unidades deben gestionar de forma continua maquinaria pesada, centros de operaciones locales y puntos de reabastecimiento hídrico.
Posicionar maquinaria pesada permanentemente en cada división de las Fuerzas Armadas permite ejecutar obras de mantenimiento (como la limpieza de cauces y la descolmatación) durante la época seca, evitando el colapso vial e hídrico durante las lluvias. Asimismo, resulta clave crear centros de operaciones equipados en las guarniciones militares aledañas a zonas de alto riesgo, garantizando logística hídrica con reservorios o piscinas para el reabastecimiento inmediato de carros bomberos, además de proveer herramientas técnicas y presupuesto recurrente a los cuerpos de rescate para eliminar la dependencia de donaciones de última hora.
3. La Educación escolar como pilar de la cultura del riesgo
La sostenibilidad de un plan preventivo depende directamente del grado de preparación de la ciudadanía. La inclusión de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) dentro del currículo educativo nacional resulta fundamental. Es necesario desarrollar planes de contingencia escolar que incluyan simulacros periódicos de evacuación, identificación de zonas de amenaza y nociones básicas de primeros auxilios. Asimismo, se debe educar a la comunidad escolar sobre la relación entre la deforestación, la contaminación de ríos, la acumulación de basura y el incremento del riesgo de inundación local.
Conclusión
Bolivia no puede continuar bajo un esquema donde la prevención comience cuando el agua ya ha ingresado a las viviendas. La transformación de la gestión de desastres exige voluntad política, inversión en infraestructura previa y educación comunitaria. Mantener infraestructuras limpias, equipar a las unidades militares de forma descentralizada e instruir a las futuras generaciones son los pasos mínimos para salvar vidas y proteger el patrimonio nacional.
El autor es periodista.