El origen del problema generado en la estructura del Estado no está en la crisis económica ni social, está en el cambio de República a Estado Plurinacional, establecido en la CPE aprobada en 2009. Esa Constitución, promovida por el “maisismo” liderado por Álvaro García Linera desde el pensamiento indianista fracturó el Estado unitario e institucional.
El discurso central fue directo y excluyente, los dueños de Bolivia son “los indios”. Con esa frase se desdeñó a generaciones de bolivianos que, desde el oriente, occidente, ciudades y campo, construyeron empresa, producción, universidad y democracia.
Ese pensamiento que alienta la discriminación y la polarización fue usado con un propósito más perverso, camuflar la corrupción a gran escala. Bajo el rótulo de “devolución histórica” se taparon negociados de interés personal y se destruyeron factores de desarrollo nacional. Se cambió meritocracia por lealtad.
La estrategia fue clara, generar rencores y un “separatismo” de facto entre oriente y occidente. Para eso se usó la división de las principales representaciones sociales del país. Se fracturó a la Central Obrera Boliviana (COB), se cooptó a la CSUTCB y se debilitó a la CIDOB, que aglutinaba a las comunidades originarias de tierras bajas. Luego vinieron las representaciones paralelas.
Dirigentes sin trayectoria ni las capacidades de administrar la cosa pública fueron puestos al frente de ministerios, fondos y empresas del Estado, la motivación ya no era el bien común, sino el interés sectario.
Con el argumento de ser “los dueños del país”, arenga vociferada por Evo Morales persuadido por García Linera, se dio paso a la cooptación. Se les dio poder para lucrar y a cambio se eliminó toda capacidad de cuestionamiento y denuncia. El resultado, una profunda crisis de los partidos políticos y de las instituciones ante la arremetida “indianista” contra todo lo que oliera a modernidad. Hoy Bolivia vive las consecuencias de esa “corrupción en cascada”.
Solo como ejemplo, el fraude en YPFB, el desfalco del Fondo Campesino -caso Fondioc-, el desborde del caso CAMC, y ahora las denuncias que surgen con los hechos ventilados por Nadia Beller contra el gobierno de Rodrigo Paz, separando la presencia de Fernando Cerimedo de la trama, son el lastre de una cultura de corrupción maquinada desde el poder del “masismo” gubernamental y replicada por sus bases.
Tomo el bullado asunto Beller-Cerimedo, más allá de que se trate de un, supuesto, intento de feminicidio, el fondo es otra cosa, es la continuidad de la “corrupción en cascada” que García Linera y Evo Morales incrustaron en el Estado cambiando la meritocracia por lealtades. Incluidos los nexos con el narcotráfico, de los que hay certezas, aunque los presuntos promotores exijan las pruebas que el propio sistema se encarga de esconder.
No son menos graves que las denuncias, las capturas e investigaciones que son dilatadas, son manipuladas y terminan en medias verdades, como otra pieza de la estrategia para corromper al Estado, como un acto de venganza contra el pensamiento de progreso. Solo una visión de cara al futuro puede desnudar la odiosa maquinación del “masismo” que, a la luz de los hechos, se traduce en corrupción, odio y mezquindad con quienes los sostuvieron social y políticamente.
Hoy, cuando las papas queman, es importante mirar al pasado reciente para reencaminar el presente para avanzar, Bolivia no necesita más discursos de dueños y excluidos, necesita recuperar un Estado para todos, con instituciones, con ley y con futuro.
El cambio de 2009 no unió al país, lo dividió, lo endeudó moralmente y lo dejó expuesto. Reconocerlo es el primer paso para que todos construyamos el queremos.
El autor es exdiputado.