Aunque era previsible, no dejó de sorprender el anuncio del presidente Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y traspasar su función sustantiva al Ministerio de la Presidencia. Esta decisión acaba con una estructura institucional de 63 años que, con distintas denominaciones, impuso la planificación centralizada como parte fundamental de la gestión pública y, desde 2006, la transformó en un aparato de control político y dirección estratégica del modelo estatista.
El MAS no solo incorporó la planificación vertical como modelo de gobernanza, sino que la dotó de candados jurídicos difíciles de romper. El Art. 298 de la Constitución Política establece que la planificación nacional es competencia privativa del nivel central del Estado, mientras el Art. 316 determina que la función estatal en la economía consiste en “conducir el proceso de planificación económica y social”, mediante un sistema integral que incorpora a todas las entidades territoriales.
Adicionalmente, la Ley 777 creó el Sistema de Planificación Integral del Estado, que somete a las entidades públicas de todos los niveles a un modelo centralizado que incluye “las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas” (sic), y dispone que el Ministerio de Planificación dirija, conduzca y regule este proceso tanto en el nivel central como en las entidades territoriales autónomas. Más allá de la dificultad que implicará el cierre del MPD, la determinación presidencial pone en cuestión el rol del Estado como planificador y el lugar que ocupará esta función en un nuevo modelo de desarrollo.
La discusión de fondo no es si Bolivia debe planificar, sino cómo debe hacerlo. La planificación pública cumple una función esencial en cualquier Estado que aspire a orientar el desarrollo, utilizar eficientemente sus recursos, establecer prioridades, coordinar políticas, optimizar la inversión, evaluar resultados y asegurar continuidad.
Esta área tiene, además, una dimensión técnica que permite establecer factibilidad, costos, resultados previsibles y riesgos; y una dimensión política que parte de una concepción del desarrollo, del modelo económico que se quiere promover, del rol del Estado y del mercado, y de las prioridades sociales y distributivas.
El problema surge cuando una dimensión pretende sustituir a la otra y la planificación deja de ser un instrumento técnico para convertirse en el programa de un proyecto partidario. Si las prioridades técnicas son desplazadas por intereses corporativos, pierde coherencia; mientras que, si no incorpora las realidades sociales de los territorios, será políticamente inviable.
También debe considerarse la orientación del proceso. La planificación centralizada puede ser un escollo frente a la diversidad territorial y generar resistencia política; pero la fragmentación sectorial y regional, sin ancla nacional, puede perder coherencia macroeconómica. Lo aconsejable es una orientación estratégica en la política fiscal y económica, combinada con ejecución descentralizada y flexible en lo sectorial y territorial.
También se debe considerar el tiempo político. Un cambio de modelo rara vez produce resultados visibles en el corto plazo. Bolivia necesita distinguir entre planificación de emergencia, de transición y de desarrollo. No es razonable ejecutar un plan de 20 años ignorando la crisis inmediata. Será necesario generar etapas de estabilización, transformación y crecimiento, evitando que la emergencia destruya la visión estratégica, pero también que ésta ignore la emergencia.
La supresión del Ministerio de Planificación debería ser algo más que una medida administrativa: debería marcar el tránsito de un modelo vertical y centralizado hacia una verdadera planificación estratégica. Bolivia necesita una visión nacional de largo plazo, pero no un Estado que pretenda decidir qué deben hacer todos los sectores y territorios. En definitiva, planificar el Estado no significa planificar la economía: significa construir las condiciones para que el país pueda invertir, producir, innovar, exportar y crecer. El desafío no es dejar de planificar, sino aprender a planificar de otra manera.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.