La Cámara Nacional de Industria (CNI) planteó que la futura Ley de Inversiones incluya seguridad jurídica, estabilidad normativa y arbitraje internacional como condiciones fundamentales para atraer capital extranjero y generar mayor confianza entre los empresarios interesados en invertir en Bolivia.
El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, sostuvo ayer que el país necesita establecer reglas claras y duraderas para evitar que los cambios frecuentes en la normativa generen incertidumbre entre los potenciales inversionistas.
A criterio del dirigente empresarial, las condiciones legales para las inversiones deberían tener una proyección de largo plazo que permita a las empresas planificar sus operaciones y disponer de mayores garantías antes de comprometer recursos en el país.
Morales también pidió que la nueva legislación contemple mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de eventuales controversias, al considerar que este aspecto puede brindar mayor certidumbre a quienes analizan desarrollar proyectos en Bolivia.
El representante de los industriales afirmó que la confianza es uno de los principales factores para captar inversión extranjera y señaló que el ingreso de nuevos capitales puede contribuir a dinamizar la producción, generar fuentes de empleo y aumentar el flujo de divisas hacia el país.
En ese contexto, manifestó su expectativa de que el Órgano Ejecutivo remita el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional para iniciar su tratamiento.
Morales consideró que contar con una nueva normativa puede contribuir a la reactivación económica, siempre que establezca condiciones que resulten atractivas tanto para los inversionistas nacionales como extranjeros.
El titular de la CNI aseguró además que empresarios de distintos rubros ya expresaron interés en desarrollar actividades en Bolivia. Entre los sectores con posibilidades de captar nuevas inversiones mencionó la minería, agricultura, industria y turismo.
La posición del sector industrial apunta a que la futura norma no se limite a promover la llegada de capitales, sino que establezca garantías jurídicas y mecanismos de resolución de controversias capaces de otorgar previsibilidad a las inversiones de largo plazo.