Impuestos ciudadanos para financiar la destrucción

El costo de la asfixia vial en el occidente de Bolivia asciende a más de 90 millones de bolivianos, los cuales terminarán saliendo de los bolsillos del ciudadano honesto, consolidando un círculo vicioso de impunidad y destrucción que desangra al país. Durante semanas, grupos de bloqueadores convirtieron las principales rutas occidentales en campos de batalla y trincheras de chantaje político. El asfalto, dinamitado, cubierto de escombros y transformado en barricada, dejó de ser la vía de integración nacional para convertirse en una barrera de peaje ilegal y violenta. No se trató de una protesta legítima o de una demanda social postergada, sino de un sabotaje sistemático que destruyó adrede la infraestructura vial que tomó décadas edificar. Puentes dañados, capas asfálticas destrozadas por fogatas y cunetas reventadas son el saldo físico de una movilización destructiva que midió su éxito exclusivamente en función del daño infligido al aparato productivo.
El ensañamiento de las medidas de presión cruzó una línea humanitaria intolerable al impedir deliberadamente el paso de alimentos de primera necesidad y combustibles, estrangulando los centros urbanos. Más grave aún fue el cerco criminal tendido a las ambulancias y cargamentos de insumos médicos básicos. Pacientes crónicos sin tratamiento, hospitales desabastecidos de oxígeno y toneladas de producción agrícola pudriéndose en las carreteras configuran un escenario de flagrante violación a los derechos humanos fundamentales. Bloquear comida y salud no es un derecho constitucional a la protesta; es un atentado directo contra la supervivencia de la población civil más vulnerable que no forma parte del conflicto de intereses.
La mayor afrenta a la sociedad boliviana radica en la casi segura impunidad de los autores intelectuales y materiales de este desastre logístico. La historia reciente del país demuestra que los pactos políticos de pacificación suelen canjear el orden público por amnistías camufladas o procesos judiciales que terminan archivados en fiscalías rebasadas. El mensaje que las autoridades estatales envían al no sancionar con todo el peso de la ley a los cabecillas es terrible para la institucionalidad. En Bolivia, cometer delitos económicos y contra la salud utilizando la carretera como rehén es una estrategia política rentable y libre de consecuencias jurídicas.
La injusticia final de este conflicto se traslada de forma automática a la factura económica. Los destrozos en las carreteras costarán sumas millonarias que el Estado no extraerá de los patrimonios de los bloqueadores ni de los fondos de sus organizaciones matrices. El dinero saldrá, como siempre, de los impuestos de los contribuyentes. El ciudadano de a pie que trabaja, emite facturas y sufrió el desabastecimiento y la escalada de precios provocada por el cerco es, paradójicamente, quien financiará la reconstrucción de lo destruido. Es la perversión absoluta del sistema formal: las víctimas pagan los platos rotos de sus victimarios, financiando el vandalismo con el sudor de su propio trabajo diario. Bolivia no puede seguir normalizando que el vandalismo sea gratuito para quien lo ejerce y extremadamente caro para quien lo padece.