Autoridades del Gobierno nacional y representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se reunieron en Cochabamba para evaluar el impacto económico de los más de 50 días de bloqueos y coordinar propuestas de financiamiento y una agenda sectorial para proteger la seguridad alimentaria y jurídica del país. Uno de los pedidos de los productores se refiere a la creación de un fondo para reactivar el sector.
El presidente de Confeagro, Klaus Frerking, expuso las demandas urgentes del sector privado para superar la crisis. Entre los puntos clave, solicitó la creación de un fondo económico de reactivación, el diseño de una ley antibloqueo que garantice el libre tránsito, el abastecimiento oportuno y suficiente de diésel para el agro, además de la promulgación de una ley de conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad que permita a los productores acceder a créditos bancarios.
Pero también la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) plantea una serie de medidas, como la libre exportación, acceso a diésel, la implementación de biotecnología, infraestructura para la exportación, nuevas alternativas y seguridad jurídica para frenar los avasallamientos.
En un escenario de reservas internacionales en mínimos y de caída sostenida de los ingresos por gas, Anapo señala que el campo está en condiciones de liderar el ingreso de divisas que la economía requiere con urgencia, ahora más que nunca por el nuevo régimen cambiario flexible.
El dato es contundente: en 2025 el complejo oleaginoso generó 1.145 millones de dólares en exportaciones y superó a los hidrocarburos en importancia exportadora. En la última década, la cadena de la soya aportó más de 12.000 millones al país, sostienen los soyeros.
“Bolivia está buscando dólares afuera, y los tiene aquí, en su propio campo. El agro no le pide favores al país: le ofrece la solución a la falta de divisas. Cada tonelada que producimos y exportamos son recursos que vuelven en empleo, en alimentos en la mesa y en estabilidad para todos los bolivianos”, afirmó el presidente de Anapo, Abraham Nogales.
Reunión
Ayer, los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, junto al viceministro Karel Rivero Marín, se reunieron en Cochabamba con la dirigencia de la Confederación Agropecuaria Nacional, liderada por Klaus Frerking, para evaluar el impacto económico de más de 50 días de bloqueos nacionales y coordinar propuestas de financiamiento y una agenda sectorial para proteger la seguridad alimentaria y jurídica del país.
Durante su intervención, el ministro Justiniano enfatizó que la producción agropecuaria es prioridad estatal, pues garantiza el sustento de las familias bolivianas.
Asimismo, recogiendo la preocupación de sectores como la Cámara Agropecuaria de Oruro, la autoridad se comprometió a articular gestiones con el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Viceministerio de Tierras para frenar los avasallamientos.
Mientras el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ratificó la visión del Gobierno de posicionar al productor en el centro de las políticas públicas. “El sector productivo es el actor central y el nuevo eje de la economía boliviana. Hay que darle las condiciones necesarias para que, después de este ataque que se le ha intentado hacer a su economía, pueda volver a producir, exportar y generar bienestar y estabilidad para el país”, expresó.
Como resultado del diálogo, el Gobierno se comprometió a presentar, hasta la próxima semana, las propuestas técnico-financieras destinadas a reactivar los distintos rubros del territorio nacional.
Acuerdo de Cochabamba
1) Todos los gremios solicitan fondo de reactivación para recuperar la capacidad productiva perdida durante los bloqueos.
2) Hasta la próxima semana, el Gobierno presentará propuestas de financiamiento para reactivación a los distintos sectores productivos.
3) Los sectores productivos solicitan ley antibloqueos para evitar mayores pérdidas en el futuro. (Armonización de los derechos para que el sector productivo esté protegido en sus derechos y que un derecho a la protesta no puede estar por encima del sector productivo y de los derechos de los demás).
4) Se solicita abastecimiento oportuno y en las cantidades suficientes de diésel para no frenar las actividades productivas.
5) Los productores solicitan la ley de conversión de la pequeña propiedad a mediana de forma voluntaria. Esto porque no tienen garantías para acceder a financiamiento.
Pérdidas
Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el conflicto provocó pérdidas cercanas a 3.000 millones de dólares solo al sector agropecuario.
El conjunto empresarial estima el daño a la economía nacional en más de 2.700 millones de dólares y la pérdida de alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos.
Economistas plantearon creación de un fondo para reactivar la economía, así como crear créditos accesibles a tasas de interés bajas, implementadas por los bancos estatales.