La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debería ser el espacio donde convergen la representación ciudadana, la deliberación democrática y la construcción de consensos. Sin embargo, adolece de una crisis profunda que ha debilitado su propia institucionalidad: no legisla con idoneidad, no fiscaliza con eficiencia, ni representa genuinamente los intereses de la sociedad.
Su debilitamiento extremo se produjo en casi 20 años de gobierno hegemónico del MAS, que convirtió al Poder Legislativo en una instancia subordinada para aprobar leyes sin análisis, debate ni responsabilidad. Limitó sus prerrogativas y precarizó la función parlamentaria hasta desnaturalizar su rol dentro del Estado.
El primer síntoma de la crisis son sus resultados. Según datos de la propia ALP, actualmente tiene en tratamiento 984 proyectos de ley. En casi siete meses de gestión logró sancionar solo 47. En 2024, sobre 945 proyectos pendientes en ambas cámaras, únicamente 90 fueron sancionados. Más del 50% de las iniciativas en tratamiento son intrascendentes, ajenas al interés nacional o, incluso, regresivas.
La función de fiscalización está igualmente erosionada. En 2024, entre ambas Cámaras emitieron 2.974 peticiones de informe; solo 1.923 fueron respondidas. En lo que va de la gestión 2026, la Cámara de Diputados presentó 350 peticiones de informe escrito, de las cuales únicamente el 14% obtuvo respuesta. Las peticiones carecen de consecuencias vinculantes: la censura a un ministro no ha derivado en la remoción de ninguna autoridad, porque el Ejecutivo simplemente ignora las decisiones de la Asamblea.
A esto se suma un distanciamiento creciente de la sociedad civil. Los mecanismos de consulta previa a la aprobación de leyes se usan de forma arbitraria, según el cálculo político de las comisiones. La consecuencia más visible son los conflictos sociales y la anulación posterior de leyes aprobadas sin consenso adecuado. Pero el costo es mayor: se construyen leyes inaplicables que terminan aumentando la burocracia y la informalidad.
Detrás de estos síntomas hay causas estructurales poco visibles. Un número significativo de parlamentarios muestra deficiencias serias en el conocimiento de las funciones y responsabilidades de su cargo; en casos extremos, se evidencia el desconocimiento de leyes y principios constitucionales elementales. A ello se suma la ausencia de una planificación estratégica que articule la agenda con un plan de desarrollo. Sin esa brújula, cada bancada presenta proyectos según su propio criterio o interés político.
Otro problema es la representación paralela. La ALP tiene 166 parlamentarios suplentes, cuya función debería limitarse a reemplazar al titular cuando éste no pueda sesionar. En los hechos, votan, presentan proyectos y fiscalizan de forma independiente, llegando en ocasiones a contradecir las posiciones de su propio titular, y conformando grupos que desequilibran votaciones relevantes. Algo similar ocurre con los nueve diputados supraestatales, con responsabilidades difusas y desarticuladas de la política exterior del Estado.
También es evidente la fragilidad del vínculo entre el parlamentario y la fuerza política que lo llevó al cargo. En las últimas gestiones, un número considerable de legisladores se ha declarado independiente o ha votado en contra de su bancada. Varios elegidos por la oposición han terminado respaldando al oficialismo, sin que el transfugio conlleve sanción alguna.
Bolivia no carece de diagnósticos sobre su crisis, ni de propuestas para enfrentarla, ni de consensos para reconstruir su institucionalidad. El problema es un sistema legislativo que no logra procesar esas decisiones con el ritmo que la urgencia exige.
Nuestros conflictos no podrán resolverse mientras el Parlamento siga atrapado en la improvisación, la fragmentación y la ineficiencia. Por eso su transformación ya no constituye una opción, sino una necesidad estratégica para la democracia y una condición indispensable para la gobernabilidad. Esto pasa por construir un Legislativo legítimo, profesional, transparente, responsable y conectado con la sociedad. Solo así será posible aprobar las grandes reformas que exige el futuro de Bolivia y restablecer la capacidad del Estado para responder eficazmente a los desafíos del desarrollo.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.