En nuestro país, pasados 51 días de bloqueos, el Gobierno ha decretado estado de excepción. Cuáles son los efectos de esa medida de presión en la economía y que debería hacer el gobierno para que ésta se recupere.
Bolivia atraviesa uno de los episodios de mayor tensión económica y social de los últimos años, acumulando 51 días de bloqueos y movilizaciones que, según las estimaciones disponibles, habrían generado pérdidas cercanas a los $us 3.000 millones, equivalentes aproximadamente al 5% del PIB de 2025. Este impacto ocurre en un contexto de elevada fragilidad macroeconómica, caracterizado por un déficit fiscal del 12,2% del PIB, una deuda pública cercana al 90% del PIB, reservas internacionales con limitada liquidez en divisas y una economía que acumula dos años consecutivos de contracción, con perspectivas de decrecimiento para 2026.
En este escenario, el Decreto Supremo N° 5636 busca restablecer el orden público, garantizar el abastecimiento de bienes esenciales y reducir los daños económicos derivados de la conflictividad social, constituyéndose en una medida extraordinaria frente a una situación de conmoción interna. Su efectividad dependerá tanto de la recuperación de la transitabilidad como de la capacidad de generar estabilidad institucional y confianza económica.
Nuestro análisis realizado muestra que el principal desafío para Bolivia no es únicamente recuperar las pérdidas económicas inmediatas, sino reconstruir la confianza de consumidores, empresarios e inversionistas nacionales e internacionales. Los sectores agroindustrial, minero, comercial, transporte, turismo e industrial requerirán varios meses para normalizar sus actividades, mientras que la recuperación financiera y reputacional del país podría tomar más tiempo. En consecuencia, el estado de excepción debería complementarse con un plan integral de estabilización que incluya apoyo a los sectores productivos, fortalecimiento de las reservas internacionales, disciplina fiscal gradual, reactivación de la inversión pública eficiente y mecanismos permanentes de diálogo social y político. La principal conclusión es que la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la cooperación entre el Gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías y los sectores productivos serán fundamentales para reducir los efectos de esta crisis y sentar las bases de una recuperación económica sostenible e inclusiva.
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https://drive.google.com/file/d/1_hpUIyfwD0PxV8AIi2IrVc6Mca3gj-b5/view?usp=sharing