El Decreto Supremo 5613 no es una medida técnica. Es una decisión política: avanzar rápido, aunque sea debilitando las reglas. Se lo presenta como reactivación económica, pero en el fondo implica menos control, más discrecionalidad y mayor presión sobre el territorio. Y en Bolivia eso nunca es neutro.
Cuando el Estado flexibiliza, alguien gana… y alguien pierde. Y casi siempre pierden los mismos: comunidades, bosques e institucionalidad. El problema no es producir, es hacerlo sin límites claros. Porque eso no es desarrollo, es desorden con respaldo legal.
El decreto 5613 concentra tres riesgos: debilita al Estado, expone el territorio y siembra conflictos futuros. Conflictos por tierra, por recursos y por decisiones sin consenso. Además, rompe el discurso: no se puede hablar de defender la Madre Tierra mientras se reducen los mecanismos que la protegen. Esa incoherencia erosiona la credibilidad.
Pero el país no necesita solo crítica, necesita dirección. Hay experiencias que muestran un camino. En Brasil, el Código Forestal (Ley 12.651) estableció que la conservación no es solo del Estado ni del mercado, sino una responsabilidad compartida. Cada propiedad debe mantener una reserva legal bajo criterios técnicos obligatorios. El propietario participa, pero no decide sin límites, e incluso se permiten acuerdos entre propietarios, productores y comunidades para conservar de forma conjunta.
No es un modelo perfecto, pero deja una lección clara: cuando hay reglas firmes y responsables definidos, es más difícil que la conservación dependa del capricho del poder. Eso es lo que Bolivia necesita: reglas claras y obligatorias, ordenamiento territorial real, corresponsabilidad entre Estado y productores y reservas con protección jurídica efectiva.
Porque todo lo que se hace desde el poder debería tener un propósito: cuidar la vida de las personas. Y para eso, las reglas deben ser correctas para ordenar, proteger y sostener el equilibrio. Cuando son claras y bien aplicadas, no generan queja, generan certeza.
Y justamente por eso, no quiero desequilibrios. Por esa misma falta de reglas claras, cuestioné el enfoque de la Convención Ramsar impulsado por ONG y el gobierno. No por oponerme a la conservación, sino porque sin equidad y sin criterios definidos, las decisiones terminan afectando a las mayorías.
Porque el problema no es cuidar, es cómo se decide cuidar. Cuando la conservación se impone, genera rechazo. Cuando el desarrollo no tiene límites, genera abuso. Ambos extremos terminan en lo mismo: conflicto.
Ayudar al gobierno no es aplaudir, es advertir y proponer. Porque gobernar no es facilitar todo, es saber hasta dónde permitir. Y hoy, con el Decreto Supremo 5613, lo que está en juego no es solo una norma, es el equilibrio que sostiene nuestro futuro.
La autora es Comunicadora social.