A diferencia de otras instituciones de la sociedad, la Central Obrera Boliviana (COB) nació más como un partido que como una organización gremial. Su Estatuto establece que “tiene fundamental y predominantemente funciones políticas y de poder”, y sus principios fundacionales promueven la lucha contra el capitalismo, la revolución proletaria y la construcción de una sociedad socialista. A 74 años de su creación, esta narrativa sigue definiendo su identidad.
Sin embargo, su problema no es solo ideológico, sino funcional. La COB ya no actúa como sujeto social, sino como un agregador de demandas sectoriales. Con una retórica que mezcla mito de origen y pragmatismo, su acción se reduce a pliegos petitorios dominados por una agenda salarialista y de corto plazo. Carece de propuestas para enfrentar los problemas de los trabajadores, dejó de pensar el país estratégicamente y renunció a aportar al diseño de políticas laborales sostenibles.
Eso sí, mantiene su interés primigenio por vincularse con el poder. En 1952, tras la Revolución Nacional, sus dirigentes máximos asumieron cargos ministeriales y construyeron un cogobierno explícito, que en los hechos fue el inicio de una larga tradición de subordinación institucional disfrazada de protagonismo político. Sin rubor, justificaron esa obsecuencia señalando en su Declaración de Principios de 1954: “Somos parte del Gobierno mismo y solo conduciría a un suicidio político el abandonar sus ventajas”.
Este matrimonio de intereses con el poder se repitió fielmente en su alianza con el MAS desde 2006, por la cual los dirigentes cedían la autonomía ideológica y organizativa de la COB al proyecto político masista, y convertían al sindicalismo en correa de transmisión del partido. A cambio lograron prebendas, cargos y poder, pero también negociaron un sistema de normas regresivas para unos pocos, como la inamovilidad perpetua, los dobles aguinaldos, aumentos salariales exorbitantes, abuso de los fueros sindicales y de las declaratorias en comisión, que explican la informalidad laboral del 85% y la precarización del empleo.
Los beneficios para los dirigentes fueron enormes. Recientes declaraciones de autoridades del gobierno, revelan que la cúpula cobista percibe 18 millones de dólares al año de cuotas obligatorias de los trabajadores, y que tan solo entre 2021 y 2024, recibieron en donación 79 vehículos, además de inmuebles y otros beneficios con recursos del Estado.
Todo esto, en medio de un debilitamiento extremo de representatividad. Según datos de la Encuesta de Hogares del INE la población ocupada afiliada a un sindicato o asociación laboral, descendió de 24% en 2006 a apenas 12% en 2019. Esta cifra es el total de sus integrantes, aunque, según su Estatuto la COB “agrupa en sus filas al proletariado, campesinos y nacionalidades, empleados, trabajadores manuales, estudiantes, intelectuales, organizaciones populares y cooperativas que trabajan en el territorio nacional”.
Además, ha desarrollado la capacidad de apropiarse del protagonismo de sectores con demandas propias, actuando como amplificador de reivindicaciones ajenas y atribuyéndose una representatividad que no le corresponde, diluyendo la especificidad sectorial.
Paradójicamente, esta impostura beneficia también al Estado, que encuentra en la COB un interlocutor visible, más fácil de negociar y cooptar que una diversidad de actores dispersos.
Otro elemento crítico son sus métodos. El bloqueo y la movilización se han convertido en fines en sí mismos. Su uso reiterado evidencia la incapacidad de construir mecanismos acordes a una sociedad democrática y se presenta como única prueba de relevancia, aunque el costo social recae en los propios trabajadores.
La COB ha perdido su naturaleza. Ya no articula una visión del mundo laboral ni construye horizontes de transformación. Se ha convertido en un lastre para los trabajadores y un problema para la institucionalidad democrática, oscilando entre oposición circunstancial y oficialismo pragmático según sus intereses.
Más que una crisis estructural, enfrenta su posible desaparición como organización social. La pregunta ya no es cómo recuperar protagonismo, sino si puede reinventarse en un contexto que exige nuevas formas de organización y aportar a condiciones para un trabajo digno en Bolivia.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.