El avance de la explotación del oro plantea una pregunta que el Estado ya no puede eludir: ¿quién responde por los ríos contaminados, los bosques destruidos y las comunidades afectadas?
La minería ocupa un lugar importante en la economía boliviana y sus defensores destacan su capacidad para generar divisas y empleo. Sin embargo, detrás de esas cifras existe otra realidad que no puede ser ignorada: la contaminación de ríos y suelos, la destrucción de bosques, la afectación de territorios indígenas y los riesgos para las poblaciones que dependen directamente de los recursos naturales.
Por ello, cuando los sectores mineros reclaman seguridad jurídica, también deberían asumir una obligación inseparable: garantizar seguridad ambiental, proteger la vida de las poblaciones de su entorno y responder económicamente por los daños que provoquen.
La seguridad jurídica no puede ser entendida únicamente como protección para explotar recursos naturales. El oro y otros minerales son recursos del Estado y, en última instancia, deben beneficiar al conjunto de los bolivianos. Su explotación debe estar acompañada de obligaciones claras en materia tributaria, ambiental y social.
El costo oculto del oro
Uno de los principales problemas se encuentra en la expansión de la minería aurífera, particularmente en regiones amazónicas. La explotación del oro puede implicar deforestación, apertura de caminos, instalación de campamentos y utilización de combustibles, lubricantes y sustancias químicas. A ello se suma el uso de mercurio, cuya presencia en los ecosistemas acuáticos constituye una preocupación por sus efectos sobre la fauna y las poblaciones que consumen pescado.
La contaminación de los ríos adquiere una dimensión todavía más grave cuando afecta a pueblos indígenas cuya alimentación y subsistencia dependen directamente de esos cursos de agua.
El caso denunciado por representantes del pueblo Ese Ejja, en Beni, refleja la dimensión humana del problema. Según las denuncias recogidas, pobladores de Reyes alertaron sobre contaminación por mercurio, problemas de salud y falta de fuentes alternativas de agua potable, además de afectaciones a la pesca, actividad fundamental para la alimentación de las familias.
Cuando una comunidad depende de un río para beber, pescar y desarrollar sus actividades cotidianas, su contaminación deja de ser solamente un problema ambiental: se convierte en un problema de supervivencia, salud y derechos.
¿Quién paga por el daño ambiental?
Durante años se ha hablado de contaminación minera, destrucción de bosques y deterioro de los ríos. Sin embargo, una pregunta fundamental permanece vigente: ¿quién paga por los daños ocasionados?
La respuesta debería ser inequívoca: quienes provoquen daños ambientales deben asumir la responsabilidad correspondiente y garantizar la reparación de las comunidades y territorios afectados.
No basta con decomisar maquinaria, imponer multas u organizar operativos ocasionales. Una política ambiental efectiva requiere identificar a los responsables, procesarlos cuando corresponda y obligarlos a reparar los daños.
La legislación debería avanzar hacia un principio elemental: quien contamina, paga; quien destruye, repara; y quien provoca daños graves, responde penalmente cuando la conducta constituya delito.
Cooperativismo, minería informal y fiscalización
El debate sobre el denominado cooperativismo minero también merece una discusión seria. Existen cuestionamientos sobre la posible presencia de capitales privados o extranjeros detrás de determinadas operaciones que utilizan estructuras cooperativas. Si esto ocurre, corresponde al Estado investigar y transparentar esas actividades.
La figura del cooperativismo no puede convertirse en una cobertura para evadir obligaciones tributarias, ambientales o laborales. Tampoco se debe utilizar la fuerza de movilización de determinados sectores para impedir la fiscalización estatal o afectar los derechos de comunidades que reclaman protección para sus territorios.
En este punto resulta fundamental el papel de las instituciones públicas encargadas de controlar la actividad minera. Se cuestiona particularmente el desempeño de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y de otras instancias vinculadas al control y la administración de justicia.
El Estado tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas, proteger las áreas de importancia ambiental y garantizar los derechos de las comunidades. Cuando las instituciones reciben denuncias reiteradas y no actúan oportunamente, la falta de respuesta puede profundizar los conflictos.
Minería, territorios indígenas y consulta
La expansión minera en territorios indígenas plantea además la necesidad de garantizar los mecanismos de consulta y participación que correspondan.
No se puede hablar de desarrollo mientras las comunidades pierden sus fuentes de agua, sus bosques y sus medios tradicionales de subsistencia. La explotación de recursos naturales debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y las normas ambientales.
La defensa de la naturaleza no puede ser presentada como un obstáculo para el desarrollo. Sin agua limpia, bosques y territorios habitables tampoco existe desarrollo sostenible.
Hacia una nueva política minera
Bolivia necesita discutir una nueva política minera. Pero esa discusión no debería ser limitada a cuánto oro se produce o cuántas divisas ingresan al país. La pregunta fundamental debe ser: ¿qué queda en Bolivia después de extraer el oro?
Si quedan ríos contaminados, bosques destruidos, comunidades afectadas y enormes costos de recuperación ambiental, la sociedad debe preguntarse si el modelo actual realmente beneficia al país.
Una nueva legislación minera debería fortalecer los principios de prevención, responsabilidad ambiental, reparación integral, transparencia y fiscalización, además de establecer mecanismos que garanticen que los operadores mineros dispongan de recursos suficientes para responder por eventuales daños.
También es necesario profundizar el debate sobre el ecocidio, particularmente frente a actividades capaces de alterar de manera irreversible ecosistemas completos. La contaminación de un río amazónico no afecta únicamente al agua: puede afectar a los peces, los animales, los bosques y, finalmente, a las personas que dependen de ellos.
No hay desarrollo si se destruye la fuente de vida
El problema de la minería aurífera no puede reducirse a una confrontación entre mineros y ambientalistas. Se trata de definir qué modelo de desarrollo quiere Bolivia.
El país necesita aprovechar responsablemente sus recursos naturales, pero no puede aceptar que la generación de ingresos sea utilizada para justificar daños irreversibles.
Los sectores mineros tienen derecho a reclamar seguridad jurídica. Pero esa seguridad debe ser recíproca: seguridad jurídica para invertir y producir; seguridad ambiental para las comunidades; seguridad para los pueblos indígenas; y garantías efectivas de reparación cuando se produzcan daños.
El Estado, por su parte, debe dejar de ser un espectador de los conflictos ambientales. Tiene que fiscalizar, investigar, sancionar cuando corresponda y garantizar la reparación.
Porque el verdadero desarrollo no consiste solamente en extraer más oro.
El verdadero desarrollo consiste en que, después de extraer el oro, Bolivia conserve sus ríos, sus bosques, sus territorios indígenas y, sobre todo, la vida de sus habitantes, que implica el resarcimiento por todos los daños ocasionados por parte de los sectores mineros.
El autor es comunicador social.