El Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado en el marco del nuevo acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contiene mucho más que una hoja de ruta técnica para ordenar las cuentas públicas; delimita un profundo proceso de transformación de la economía boliviana, cuyos efectos llegarán inevitablemente al bolsillo de los ciudadanos.
El punto más sensible es la eliminación de la subvención a los combustibles, prevista para enero de 2027. El Gobierno congeló, a través del DS 5652, los precios del litro de la gasolina especial en Bs 6,96 y del diésel en Bs 9,80 hasta inicios del próximo año, esto para pequeños consumidores (transportistas y particulares). El precio del gas licuado de petróleo también queda, momentáneamente, en Bs 22,50.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció el precio referencial por litro de diésel en Bs 16,50 para grandes consumidores, clientes directos y compradores a gran escala que adquieran volúmenes superiores a 20 mil litros. Inicialmente se fijó en Bs 18.
Al pasar los precios a niveles del mercado internacional, aumentarán inevitablemente los costos del transporte, la producción y la distribución, con el consiguiente riesgo de incrementos en productos básicos.
De todas las medidas planteadas, probablemente ninguna tendrá un impacto tan amplio como la eliminación de la subvención a los combustibles.
Aunque económicamente puede resultar necesario reducir una subvención fiscalmente costosa, el combustible constituye un componente transversal de la economía. No solamente afecta al propietario de un vehículo, sino que aumenta el costo del transporte público, la producción agrícola, la industria y la distribución de alimentos.
El propio memorando reconoce este riesgo al advertir que los ajustes en los precios de los combustibles pueden generar nuevas presiones inflacionarias y riesgos sociales considerables.
Por ello, la verdadera prueba del programa estará en determinar si la eliminación del subsidio puede realizarse sin provocar un deterioro significativo del poder adquisitivo de los hogares. A la fecha, el boliviano perdió su capacidad de compra en 39,6%, según especialistas del sector.
A esto se suma la transición hacia un tipo de cambio flexible determinado por el mercado, medida que probablemente acentuará la depreciación del boliviano, encarecerá productos importados, medicamentos, maquinaria, repuestos e insumos y generará nuevas presiones inflacionarias. La divisa americana aumentó su precio en 65,7%, tras modificar la cotización fija de 6,96 que permaneció por casi 15 años. Ahora se ajusta de manera progresiva según la oferta y la demanda en el sistema financiero.
El programa, sobre el cual el exministro de Economía y Finanzas Públicas Gabriel Espinoza negó condiciones del FMI, también contempla reducir el gasto público, limitar la contratación estatal, racionalizar la inversión pública y eliminar progresivamente controles de precios. Asimismo, plantea avanzar hacia la eliminación de los topes a las tasas de interés, lo que podría encarecer el crédito para familias, productores y pequeños empresarios.
El Gobierno apuesta a que estas medidas permitirán recuperar la inversión privada, especialmente en hidrocarburos y minería, y que el crecimiento económico se reactive a partir de 2028. Bolivia recibirá un préstamo de USD 1.900 millones del FMI, cuyo proyecto de ley para autorizarlo fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
El gran desafío será que el costo de la estabilización no recaiga principalmente sobre los sectores más vulnerables. El propio memorando reconoce que las gestiones 2026 y 2027 serán años difíciles.
La reforma puede ser necesaria para corregir los desequilibrios económicos, pero su éxito no debería medirse únicamente por el déficit, las reservas o la deuda. También deberá medirse por algo mucho más concreto: cuánto afectará al bolsillo de las familias bolivianas y si el Estado tendrá la capacidad de protegerlas durante el ajuste.
El autor es Periodista y Comunicador social.