Denuncian incumplimiento de ley y advierten responsabilidades legales

El concejal de La Paz, Javier Escalier, denunció que empresas privadas continúan operando el servicio de parqueo tarifado en vía pública pese a la vigencia de la Ley Municipal Autonómica N° 580, norma que fue aprobada, promulgada y publicada el pasado miércoles 18 de marzo por el Concejo Municipal y que deja sin efecto estas autorizaciones.
“Estamos frente a un incumplimiento abierto de una ley municipal plenamente vigente. Aquí no hay interpretación posible: la norma fue aprobada, promulgada y publicada, y por tanto es de cumplimiento obligatorio”, afirmó.
La Ley 580 establece la anulación de las autorizaciones de uso de bienes de dominio público para el servicio denominado “Parqueo para Todos” o cualquier modalidad similar, además de instruir al Ejecutivo municipal la remisión de toda la documentación vinculada a estos contratos en un plazo de cinco días hábiles.
Sin embargo, las empresas continúan cobrando tarifas y multas en distintas zonas de la ciudad, lo que —advirtió— evidencia una falta de respeto a la normativa vigente con respaldo del Ejecutivo edil.
“Lo más grave es que este incumplimiento no es aislado. Se está actuando con la venia del Ejecutivo municipal, que no solo no hace cumplir la ley, sino que permite que se siga lucrando con un servicio que ya no tiene sustento legal. Eso también configura responsabilidades y posibles delitos”, sostuvo Escalier.
Vecinos de Miraflores alertaron que, en medio de la transición municipal, se estaría intensificando los cobros. Denuncian tarifas que llegan a Bs 1.140 entre multas, remolque y uso de grúa, lo que ha generado preocupación.
“Estamos viendo cómo, en un escenario de transición, algunas empresas están aprovechando para seguir cobrando de manera irregular. No se puede permitir que, en medio de la incertidumbre, se afecte el bolsillo de la gente con un servicio que ya fue dejado sin efecto por ley”, remarcó el concejal.
También cuestionó que el Ejecutivo no haya remitido aún la información sobre los contratos, estudios técnicos, estructura tarifaria y flujo de ingresos del proyecto de parqueo tarifado.
“El Ejecutivo debe entregar todos los antecedentes técnicos, legales y financieros. No hacerlo, agrava aún más la situación”, enfatizó.
Escalier anunció que se activarán mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la norma y establecer responsabilidades.