El Gobierno nacional aprobó el decreto supremo reglamentario que consolida la aplicación efectiva de la Ley 1680, una normativa de protección social orientada a brindar asistencia económica, paquete alimentario, atención médica y acceso prioritario a la educación para las hijas e hijos que quedaron en situación de orfandad a causa de hechos de feminicidio.
La puesta en marcha de los mecanismos operativos fue presentada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien detalló los procedimientos institucionales para que los beneficiarios accedan a las medidas de reparación integral. La norma extiende su cobertura no solo a los casos de feminicidio, sino también a hechos donde se investigue el asesinato de un varón cometido por su pareja o expareja, así como a episodios de homicidio-suicidio derivados de dinámicas de violencia.
“El decreto hace operativa la Ley 1680 y establece cómo se va a acceder a los beneficios establecidos para los hijos e hijas que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidio y otros delitos contra la vida, contemplados en la ley”, sostuvo el portavoz oficial durante el anuncio.
El marco legal busca mitigar el impacto socioeconómico y emocional en los dependientes de las víctimas. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 1680 establece expresamente que “la finalidad de la presente ley es implementar acciones efectivas para garantizar el acceso a medidas de protección social, servicios de atención y reparación integral para las y los beneficiarios, con el propósito de restablecer sus proyectos de vida”.
En el marco prestacional de la norma, se destacan medidas de apoyo directo como es el bono económico mensual consistente en la asignación monetaria equivalente al 20 % del Salario Mínimo Nacional vigente para cada hijo en situación de orfandad.
También comprende el paquete de nutrición que se traduce en la entrega mensual de un subsidio alimentario equivalente al 20 % del valor del subsidio de lactancia, enfocado en menores de cinco años.
En el área de salud y formación académica existe una cobertura médica en el sistema público, inscripción inmediata en unidades educativas, facilidades de traslado escolar e inclusión prioritaria en programas de becas universitarias.
En el plano legal e institucional, la norma contempla disposiciones dirigidas a garantizar la estabilidad familiar de los huérfanos. En los casos donde el imputado o procesado sea el progenitor o conviviente, se dispone la custodia y guarda inmediata de las niñas y niños a favor de los abuelos o parientes cercanos por la línea materna.
Asimismo, la ley establece la protección inmediata de los bienes sucesorios que pertenecían a la víctima, impidiendo su venta, enajenación o disposición de terceros hasta que los órganos judiciales competentes determinen formalmente los derechos hereditarios a favor de los descendientes.
Finalmente, el vocero gubernamental remarcó la importancia de la medida dentro de las políticas públicas del Estado. “Tenemos que ser solidarios. Este problema agudo hay que atacar y evitar la violencia hacia las mujeres. Esta es una política de Estado y una prioridad para el Gobierno nacional”, concluyó Gálvez.