La educación es reconocida universalmente como un derecho humano fundamental y así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie debería ser excluido del acceso al conocimiento por razones económicas, sociales o geográficas. Este principio es incuestionable y constituye la base de toda sociedad que aspire a la justicia y al desarrollo.
Sin embargo, reconocer la educación como un derecho no significa desconocer su dimensión material. Educar no es un acto abstracto ni gratuito; implica tiempo, esfuerzo, planificación y, sobre todo, recursos. En este sentido, la educación también debe ser entendida como una inversión indispensable para el presente y el futuro de una nación.
Aristóteles afirmaba que “la educación es el mejor provisionamiento para la vejez”, subrayando que el esfuerzo invertido en formar a una persona rinde frutos a lo largo de toda la vida. Esta idea sigue siendo vigente: una educación deficiente genera ciudadanos con menos oportunidades y sociedades más frágiles.
En Bolivia, la educación pública enfrenta carencias estructurales que son arrastradas desde hace décadas. Infraestructura precaria, acceso limitado a tecnología, escasa conectividad a internet y falta de materiales didácticos adecuados son problemas cotidianos en muchos establecimientos educativos. Mientras tanto, en la educación privada, muchos de estos elementos son considerados básicos: aulas equipadas, espacios limpios y seguros, recursos tecnológicos y ambientes propicios para el aprendizaje, permiten al estudiante desarrollar su potencial en condiciones más favorables.
La brecha entre la educación pública y privada se vuelve aún más evidente en el área rural, donde la falta de recursos no es la excepción, sino la norma; allí, aprender muchas veces se convierte en un acto de resistencia más que en un proceso formativo integral. Platón sostenía que “la educación es encender una llama, no llenar un recipiente”; no obstante, resulta difícil encender esa llama cuando el entorno educativo carece de las condiciones mínimas para motivar, proteger y estimular al estudiante.
Es evidente que el Estado, por sí solo, no ha logrado gestionar de manera eficiente y sostenida el sistema educativo. Las políticas públicas han sido insuficientes para cerrar las brechas existentes y responder a las necesidades reales de estudiantes y docentes. Ante esta realidad, es necesario replantear el rol de todos los actores involucrados, es por ello que la educación no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado, también debe ser asumida como una tarea compartida por la sociedad y, de manera directa, por las familias.
Aristóteles señalaba que “el educador debe formar hábitos”, y estos hábitos no se construyen únicamente en el aula, por ello, la participación de los padres de familia es fundamental, no sólo desde lo afectivo, sino también desde el compromiso material, económico y moral con la educación de sus hijos.
Hablar de corresponsabilidad no implica promover la privatización de la educación pública, se trata, más bien, de reconocer que cada familia, de acuerdo con sus posibilidades económicas, puede y debe contribuir al fortalecimiento del sistema educativo. Lamentablemente, en los últimos veinte años, las políticas educativas impulsadas por el Movimiento al Socialismo distorsionaron esta noción de corresponsabilidad, promoviendo una visión asistencialista que desligó a los padres de familia de su rol activo en la educación.
Un ejemplo claro de ello fueron las juntas escolares, que en muchos casos dejaron de ser espacios de apoyo para convertirse en mecanismos de presión, cobros irregulares y exigencias indebidas hacia directores y maestros.
Invertir en educación no es un gasto, es una apuesta estratégica por el desarrollo humano. Cada aula mejor equipada, cada docente capacitado y cada estudiante motivado representan una ganancia social incalculable; como afirmaba Aristóteles, “la inteligencia se forma no sólo con el conocimiento, sino con la educación del carácter”. Para lograrlo, se necesitan condiciones materiales, compromiso social y una visión compartida del valor de educar.
Sólo a través de una responsabilidad compartida y una inversión consciente será posible impulsar una reforma educativa auténtica que transforme, de una vez por todas, la educación en Bolivia y garantice un futuro más justo y prometedor para las próximas generaciones.
El autor es teólogo, escritor y educador.