Cursos, talleres, diplomados y seminarios de sensibilización: la oferta de capacitación institucional en temas de corrupción, gestión pública, gobernanza, ética y valores parece prácticamente inagotable. Organismos públicos, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil invierten año tras año recursos en estos espacios, con la esperanza de modificar comportamientos y socializar buenas prácticas. Sin embargo, en la praxis diaria, los resultados suelen ser poco alentadores y la percepción generalizada en la ciudadanía es que se trata de esfuerzos que no logran permear la cultura organizacional.
Antes de atribuir la responsabilidad a los participantes o al contexto, es pertinente reflexionar si el problema estructural inicia, en realidad, en quienes lideran estos espacios formativos. La evidencia disponible sobre la efectividad de estos programas de formación es mucho más matizada de lo que los tomadores de decisiones suelen asumir en sus planificaciones anuales.
Un estudio realizado con funcionarios públicos que participaron en cursos especializados de ética y probidad demostró que estas capacitaciones logran modificar la percepción moral de los asistentes, pero de manera desigual (Pliscoff-Varas & Lagos-Machuca, 2021). El efecto formativo es más débil en las conductas asociadas a la corrupción clásica (como el cohecho o el tráfico de influencias) y resulta algo más notorio en faltas menores de índole administrativa, como la impuntualidad o el uso inadecuado de los recursos de la institución. No existe evidencia científica suficiente para confirmar si este cambio superficial de percepción se sostiene en el tiempo cuando el servidor público retorna a sus labores cotidianas. Tampoco se conoce con precisión cómo influye en el resultado final el perfil y la conducta del facilitador que conduce la actividad. Es decir, incluso desde la propia investigación empírica, la interrogante que la ciudadanía se formula con absoluta intuición (si estas costosas capacitaciones generan un cambio real) carece aún de una respuesta.
En este contexto, resulta indispensable recuperar un principio elemental de la pedagogía: los seres humanos aprenden principalmente observando modelos de conducta, y no solo mediante la asimilación de discursos teóricos abstractos. La teoría clásica del aprendizaje social demostró hace décadas que las personas adquieren e imitan patrones de comportamiento a partir de lo que visualizan en aquellos a quienes consideran referentes, con mayor preponderancia que a través de instrucciones verbales aisladas (Bandura, 1977).
Aplicado este principio al campo de la ética organizacional, la investigación sobre liderazgo ha evidenciado que la credibilidad moral del emisor –es decir, la congruencia entre su conducta observable y lo que predica– es un factor determinante para la internalización del mensaje (Brown & Treviño, 2006). Por el contrario, cuando esa coherencia es inexistente, se produce lo que la literatura institucional define como «hipocresía organizacional»: una brecha insalvable entre el discurso oficial y las prácticas reales que termina por desgastar la legitimidad de toda la intervención (Brunsson, 1989).
Esta disonancia cognitiva y moral explica la incomodidad que detecta el sentido común al presenciar a conferencistas impartiendo charlas contra la corrupción mientras cuentan con antecedentes de conductas similares. Si bien no se trata de exigir una perfección humana absoluta (pues las personas pueden cambiar y cerrar las puertas a la rectificación sería contraproducente), sí es imperativo reclamar una congruencia mínima y verificable entre la trayectoria del formador y el contenido que imparte.
Cuando esta coherencia esencial falta por completo, la falla deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema pedagógico de primer orden; el auditorio deja de prestar atención al contenido para concentrar su atención, en la evidente contradicción del mensajero. Reconocer esta limitación no implica condenar las capacitaciones en su totalidad, sino asumir la urgencia de transformarlas mediante criterios rigurosos de selección de facilitadores que prioricen la trayectoria íntegra por encima de los títulos académicos.
Asimismo, se requiere consolidar mecanismos de transparencia sobre quién imparte la formación y bajo qué autoridad moral lo hace, o sea, es necesario incorporar evaluaciones de impacto a largo plazo, en lugar de medir el éxito mediante simples encuestas de satisfacción al cierre de los talleres, y establecer consecuencias cuando se compruebe que un formador replica aquello que enseña a combatir. La ética pública no se transmite solo a través de manuales teóricos; se transmite (o se destruye por completo) mediante el peso insustituible del ejemplo cotidiano.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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