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El ocaso de Manaco y la advertencia para el Gobierno

José Manuel Loza Oblitas

La confirmación del cierre definitivo de Manufactura Boliviana S.A. (Manaco), tras 86 años de trayectoria ininterrumpida desde su fundación en Quillacollo en 1940, trasciende la mera liquidación de un actor privado. El apagón de sus líneas de producción —sostenido en una pérdida acumulada de 130 millones de bolivianos— constituye el síntoma de una crisis estructural que el Estado no puede continuar soslayando.
Cuando una industria señera, con arraigo social y respaldo transnacional, se ve forzada a capitular ante un escenario macroeconómico adverso y el estrangulamiento logístico provocado por recurrentes conflictos sociales, la señal proyectada hacia el aparato productivo nacional resulta devastadora.

Anatomía del colapso fabril
El comunicado institucional de Manaco explicita una realidad operativa insostenible:
– Descalce financiero e inflación de costos: La severa restricción de divisas, el incremento en las materias primas importadas y la presión del contrabando han erosionado los márgenes de rentabilidad de la industria formal frente a la creciente informalidad del mercado.
– Asfixia logística por convulsión social: Los sistemáticos bloqueos de carreteras y la inestabilidad social interrumpen la cadena de suministros y la distribución comercial, generando pérdidas fijas millonarias, mientras las obligaciones laborales y operativas continúan vigentes.
– Destrucción del empleo formal digno: Pese al compromiso de cumplir con el 100% de los beneficios sociales e incentivos adicionales establecidos por la empresa, la pérdida de cientos de fuentes de trabajo directo precipita a mano de obra calificada hacia la precarización económica.

Advertencia urgente al Poder Ejecutivo
El repliegue de Manaco exige una lectura política y económica de alto nivel. Para las autoridades gubernamentales, este episodio debe operar como un ultimátum institucional:
– Garantizar la seguridad jurídica y el libre tránsito: Es deber primario del Estado preservar el principio de autoridad y restablecer las garantías operativas indispensables para que la industria productiva no sea rehén de medidas de presión ni de la conflictividad política.
– Revisar la política tributaria y de incentivos al sector formal: Resulta imperativo implementar mecanismos de alivio fiscal, flexibilidad normativa y facilitación cambiaria para las empresas que generan empleo genuino y aportan a la recaudación nacional.
– Frenar la fuga de capitales y el deterioro del clima de inversiones: La salida de multinacionales y el cierre de plantas históricas elevan el riesgo país y desalientan la inversión extranjera directa (IED), indispensable para la reactivación económica nacional.
– Convocatoria a una cumbre de salvaguarda productiva: El Gobierno debe entablar de inmediato mesas de trabajo técnicas con el empresariado privado y las federaciones fabriles a fin de diagnosticar y socorrer a aquellas unidades productivas que hoy atraviesan estados de vulnerabilidad similar.
El doloroso epílogo de Manaco en Quillacollo no debe ser registrado como un hecho aislado. Constituye una advertencia severa e impostergable: sin garantías a la libre producción, sin estabilidad macroeconómica y sin resguardo a la seguridad jurídica, la desindustrialización del país continuará cobrando la viabilidad de la economía formal boliviana.

El autor es periodista.

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