Retorno a sistema de elección obsoleto

A pesar de que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira tiene poco tiempo de vigencia, ha empezado a atravesar toda clase de problemas, después de una luna de miel muy corta, como conflictos sociales en Cochabamba y enfrentar los conflictos que le dejaron los gobiernos “masistas”, es decir de Evo Morales Ayma, el “primer presidente indígena de Bolivia” y el de Luis Arce Catacora. Sin duda, las medidas aplicadas por esos gobiernos durante veinte años, siguen teniendo impacto negativo en el nuevo orden instaurado con el flamante gobierno de Paz.
Las nuevas autoridades nacionales todavía no han desplegado todas sus estrategias para sacar al país de la crisis, con el agravante de que no pueden anular drásticamente las medidas dictadas por el populismo “masista”, por estar en vigencia la Constitución Política del año 2009, que precisamente determina el rumbo del Estado Plurinacional.
Efectivamente, el gobierno actual, no se refiere a la necesidad de sustituir la actual nueva Carta Constitucional, que es la causa de que las reglas de juego del MAS sigan imperando, aunque sus conductores ya estén fuera del gobierno, lo cual solo significaría que, el cambio se ha limitado a las cabezas del Estado Plurinacional, mientras el cuerpo sigue intacto, lo que dificulta el avance de las nuevas autoridades.
Uno de esos mecanismos cuestionables que permanece es la elección de magistrados por medio del sufragio universal, establecido en la CPE. Al respecto, ese sistema ha mostrado ser complicado y de malos resultados, además de costoso y plagado de dificultades. Ese aspecto se comprueba al leer las disposiciones electorales y, más que todo, lo que ocurre en la práctica, en las urnas.
La elección por voto universal de magistrados ha fracasado en dos oportunidades y no se debería seguir cometiendo el error de repetirlo. Pero el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto que las nuevas elecciones de magistrados sean en junio del próximo año, otra vez mediante consulta popular.
En contra de ese anuncio basta leer los artículos 178 al l85 de la Constitución Política para darse cuenta de la complejidad del sufragio universal, el mismo que, por su carácter burocrático, no cumple con las buenas intenciones. Esas disposiciones lo que hacen es, precisamente, anular la independencia judicial, que es la madre del aparato administrativo en el país, a pesar de que esa cualidad es reclamada tanto por la población litigante como por las autoridades judiciales responsables de la libertad y las vidas de los clientes.
No está demás insistir en que sea atendida la demanda de la opinión pública, que plantea la necesidad de una reforma doble: la justicia en sí misma, por un lado y la reforma de la administración de justicia, dos tareas supremas para que el sistema judicial no sea objeto de denuncias y para poner fin a un sistema obsoleto, que ya fue desplazado en muchos países. Debería prevalecer la competencia interna entre los profesionales del derecho para escalar en puestos de responsabilidad y aportar a perfeccionar el sistema judicial.