La justicia de Perú ordenó ayer cinco meses de prisión preventiva y la captura nacional e internacional de la exprimera Ministra, Betssy Chávez, quien recibió asilo de México a inicios de noviembre y se encuentra en la embajada de ese país en Lima.
El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó un pedido de la fiscalía para que se modifique la comparecencia con restricciones de la que gozaba Chávez por una prisión preventiva luego de que la exprimera ministra incumpliera las reglas de conducta a las que estaba sometida en libertad y se asilara en la embajada mexicana.
Chávez está acusada de coautora del delito de rebelión por su participación el 7 de diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) dispuso la disolución del Congreso, lo que finalmente derivó en su destitución.
Perú rompió relaciones con México tras el asilo concedido a Chávez e informó a inicios de esta semana que había resuelto «demorar» la decisión de concederle un salvoconducto para que abandone el país hacia México hasta que consulte con países miembros de la OEA sobre una convención de asilo.
Perú sostiene que en el caso de Chávez la Convención de Caracas se usó de forma «indebida» porque la exprimera ministra está acusada de un delito común y no es víctima de una persecución política.
Días después de que México le otorgó el asilo a Chávez el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en rechazo a lo que legisladores calificaron como una «reiterada injerencia» en los asuntos internos del país sudamericano.
México objetó la decisión de los congresistas peruanos y señaló en un comunicado, difundido por la Cancillería, que la medida estaba motivada por «planteamientos falsos».(Independent en Español)