Tras la reciente anulación de la imputación del expresidente, Evo Morales, a través de un fallo judicial, “todo apunta” a pensar que los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) buscan “negociar” su impunidad bajo la amenaza de habilitar la candidatura del líder cocalero en caso de no lograr blindar su ilegal ejercicio de funciones, según el abogado constitucionalista, Williams Bascopé Laruta.
El jurista expresó su preocupación tras esta reciente decisión judicial en favor del expresidente Morales a cargo de la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno. En su lectura, dicha decisión, sumada al hecho de que el Gobierno nunca ejecutó la aprehensión del dirigente cocalero, permiten deducir que “algo oscuro” se trama entre las facciones del Movimiento al Socialismo (MAS), para supuestamente dar vía libre a una nueva candidatura del expresidente.
Asimismo, Bascopé advierte que, a través de un acápite de la Sentencia Constitucional 0083/2024 emitida por el alto tribunal del Estado, se deja una “puerta abierta” para que la Sala Plena se pronuncie sobre la inhabilitación de Morales, especialmente sobre el punto referente a la opinión consultiva.
“Estos (magistrados) han dejado una puerta abierta para lo que están pidiendo hoy: quieren negociar su impunidad, quieren blindarse ellos y sino, amenazan con habilitarlo a Evo Morales. No se sorprenda que, en las elecciones, en la papeleta, lo vea a Evo Morales porque hay algo oscuro entre ‘arcistas’ y ‘evistas’ que se está cocinando y que no nos estamos enterando”, señaló Bascopé en sus redes sociales.
El constitucionalista advierte que, mientras una oposición totalmente dividida se lanza acusaciones y “saca trapitos al sol” alegremente, se gesta una peligrosa jugada de “ajedrez político” desde el oficialismo, con sus líderes Evo Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora en contubernio, la cual podría atentar seriamente contra la democracia sin que la población esté siquiera atenta.
Por ello, pidió a la sociedad civil ingresar activa y estratégicamente al escenario político porque, de quedarse impávida ante este intento de la “nueva oligarquía apátrida” de volver al poder, en agosto podrían darse las últimas elecciones democráticas en Bolivia.
“O vemos tranquilos e impávidos cómo los tiranos empiezan a querer retornar al poder o realmente entramos al escenario político. ¿Vamos a dar lucha o vamos a quedarnos solamente a ser espectadores? (…) Porque, de lo contrario, posiblemente estemos asistiendo a la última elección democrática que no tengamos muchos años después”.
El miércoles, mediante un fallo judicial, la jueza cruceña dejó sin efecto la imputación y la orden de aprehensión que pesaba en contra de Evo Morales por un presunto caso de trata de personas agravada, decisión que el “evismo” celebró afirmando que el expresidente podía ahora circular libremente por el país.
La polémica no terminó ahí, pues al día siguiente se reveló que Moreno viajó a La Paz el lunes 28 de abril y que no regresó a Santa Cruz, con lo que la Policía no descartó que haya salido del país por vía terrestre. Acusada de prevaricato, varias instancias del Gobierno, entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunciaron investigaciones por considerarse ilegal la resolución.
BLINDAJE HASTA 2028
En conferencia de prensa, el magistrado, René Yván Espada, negó que las altas autoridades judiciales pretendan “blindar” sus funciones mediante un chantaje. Sin embargo, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, ratificó una denuncia similar a lo expresado por Bascopé, tras ya adelantar que los magistrados pretendían chantajear a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con una candidatura de Morales.
En un video publicado en sus redes sociales, Campero denunció que recibió advertencias desde el TCP de que los magistrados autoprorrogados buscan extender sus funciones ilegales hasta el 2028, así como sus sentencias y resoluciones. “Si no lo hacemos, quieren ver el mecanismo, a través del chantaje, de habilitar nuevamente a Evo Morales para estas elecciones”, denunció.
A esto agregó que, tras estas amenazas, Moreno dejó sin efecto la imputación del acusado de embarazar a una menor de 15 años en Yacuiba, lo que esto sugeriría una especie de “advertencia” dentro de la estrategia de chantaje que denuncia. En tal sentido, exigió que la investigación inicie de manera inmediata y la destitución de Moreno, toda vez que la comisión del delito de prevaricato sería flagrante.
“Denunciamos un chantaje inaceptable: los autoprorrogados del TCP amenazan al (Órgano) Legislativo con habilitar a Evo Morales si no se aprueba una ley que blinde su mandato ilegal. (…) El único papel que deberían ver estos señores es una sentencia ejecutoriada que los mande directo a una cárcel por vulnerar nuestra CPE (Constitución Política del Estado)”, publicó anteriormente Campero, en sus redes sociales.
La legisladora también comentó que Morales está imputado, no solamente acusado, por trata de personas agravada debido a que la carga probatoria de la investigación es suficiente como para indicar que existe probabilidad de autoría del delito por el que se lo acusa, así como por parte de los padres de la menor con quien habría mantenido una relación y tenido una hija.
