Un proyecto de ley impulsado y socializado por la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, que actualmente permanece en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, busca eliminar el delito de estupro del Código Penal para imponer penas de hasta 25 años y propone que los delitos sexuales contra niños y adolescentes no prescriban para mayor acceso a la justicia.
La iniciativa surge en un contexto de “punto crítico” que alcanzó la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Bolivia y cuenta con el respaldo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), según refleja una publicación del equipo de prensa de la legisladora.
“El proyecto de ley plantea seis cambios fundamentales para cerrar vacíos normativos que dificultan el acceso efectivo a la justicia”, señala el documento, entre los cuales se destaca un pilar fundamental: la eliminación definitiva de la figura legal de estupro del Código Penal Boliviano y su reemplazo por el delito de violación a infante, niño o adolescente, con penas de entre 20 y 25 años de cárcel.
Como primer punto, Barrientos sugiere “crímenes sin tiempo, donde delitos de infanticidio y abuso sexual infantil no prescribirán, permitiendo justicia en cualquier momento”. El segundo cambio propuesto apunta a que “las víctimas podrán pedir investigar los hechos, aunque el delito haya prescrito”.
Como tercer punto se habla de “apoyo integral garantizado”, planteando que el Estado garantice atención médica, psicológica y legal a las víctimas de manera gratuita. La cuarta propuesta refiere a que se crearán procesos judiciales especiales para investigar casos prescritos sin aplicar la detención preventiva.
Asimismo, Barrientos propone un “castigo más duro” para estos delitos, con la creación de nuevos tipos penales como Violación Incestuosa, la definición de consentimiento, la eliminación de atenuantes y el agravamiento de las penas. Finalmente, como sexto punto, plantea el registro obligatorio de denuncias en bases de datos a nivel nacional para garantizar un debido seguimiento y transparencia.
La normativa argumenta que figuras legales actuales como la del estupro han beneficiado históricamente a los agresores con penas reducidas y definiciones anacrónicas sobre consentimiento y reparación, por lo que modernizarlas y aumentar las penas permitirá a “Bolivia avanzar hacia un sistema judicial más justo, sensible y eficaz”.
ANTECEDENTES
Como antecedentes para esta iniciativa, se menciona el caso de Brisa Angulo, una adolescente que fue víctima de abuso sexual intrafamiliar cuyo caso llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras más de veinte años de retardación de justicia en los que el sistema judicial boliviano no logró sentenciar al agresor.
El 20 de enero de 2023, la CIDH solicitó a Bolivia derogar el delito de estupro tras identificar “serias fallas jurídicas” en el caso y sentenció al Estado boliviano por violación de derechos fundamentales como la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y los derechos de la niñez y adolescencia.