La recuperación económica y la pacificación social constituyen las tareas más urgentes que debe encarar el Gobierno, en medio de una coyuntura marcada por la falta de dólares, el debilitamiento de la moneda nacional y la conflictividad, sostuvo el analista político, Paul Coca, durante una entrevista con EL DIARIO.
Al evaluar los primeros 10 meses de gestión, señaló que el Ejecutivo enfrenta una situación compleja por los problemas económicos acumulados y por una ciudadanía que exige soluciones en el corto plazo. También consideró que cualquier administración que hubiera asumido después del anterior Gobierno habría recibido un escenario difícil por la magnitud de la crisis.
La primera prioridad debe concentrarse en la economía. La escasez de divisas y el deterioro de las condiciones internas obligan, según explicó, a adoptar medidas orientadas a atraer inversiones extranjeras y nacionales, generar fuentes de empleo y recuperar dinamismo económico.
También mencionó los créditos gestionados por el Gobierno y afirmó que la población espera que esos recursos tengan efectos visibles, principalmente mediante mayor circulación de dinero y generación de trabajo.
Junto al frente económico, ubicó la pacificación social como la segunda tarea inmediata. Los periodos prolongados de bloqueos dejaron preocupación ante la posibilidad de nuevas interrupciones que afecten el abastecimiento, las actividades laborales y el desplazamiento por carreteras.
La reducción de la conflictividad requiere diálogo, acuerdos y compromisos entre el Gobierno y los sectores sociales. No obstante, Coca sostuvo que también corresponde aplicar la ley cuando las movilizaciones deriven en destrucción de carreteras, afectación de bienes o hechos que vulneren derechos de terceros.
En ese marco, diferenció el ejercicio de la protesta de acciones que, a su juicio, constituyen delitos, como la destrucción de infraestructura, los cercos y la interrupción de vías que impidan el abastecimiento o la libre circulación.
Sobre una eventual norma contra los bloqueos, afirmó que no debería dirigirse contra quienes ejercen su derecho a manifestarse, sino contra conductas que excedan la protesta y generen daños o restricciones a otras personas.
En la evaluación política de la gestión, identificó el diálogo como una de las características favorables del Ejecutivo. Autoridades nacionales han recurrido a negociaciones con diferentes sectores antes que a la confrontación directa, aunque esa estrategia también es cuestionada por quienes demandan respuestas más firmes frente a determinados conflictos.
Otra dificultad es la falta de una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, situación que obliga al Gobierno a buscar acuerdos para impulsar determinadas decisiones y proyectos.
Esa misma correlación de fuerzas permitió, en criterio de Coca, recuperar mecanismos de fiscalización desde el Legislativo, particularmente mediante interpelaciones a ministros y una mayor presencia de la oposición en el control de la gestión gubernamental.
El descontento social vinculado con la situación económica aparece como otro factor adverso. Para el analista, independientemente del origen de la crisis, la población evalúa al Gobierno en función de su capacidad para ofrecer respuestas y mejorar sus condiciones cotidianas.
Respecto a la articulación política, rechazó que el Ejecutivo carezca completamente de operadores. Explicó que existen figuras con exposición pública y otras que desarrollan tareas políticas con menor visibilidad.
Entre los operadores visibles mencionó a autoridades que participan directamente en procesos de negociación y escenarios de conflicto. El desafío, sostuvo, no radica únicamente en contar con esos actores, sino en lograr que trabajen de manera coordinada y bajo una misma línea política.
La entrevista sitúa así el principal desafío de la gestión en la capacidad de afrontar simultáneamente la crisis económica y la conflictividad social, con medidas orientadas a generar inversión, empleo y estabilidad, junto con acuerdos que reduzcan los bloqueos y permitan el desarrollo regular de las actividades productivas y laborales.