Tras la aprehensión en el aeropuerto de El Alto del diputado de Creemos, Richard Ribera, por una orden emitida dentro de la investigación por las acciones militares de junio pasado -denominado caso 26J-, la abogada del parlamentario, Marcia Gómez, señaló que se cometió un atropello contra su cliente y calificó este acto como ilegal.
“Es un abuso, un atropello que ya pasó con (el abogado) Jorge Valda, esto no pueden hacer contra el diputado Richard Ribera, no pueden aprehenderlo y traerlo desde el aeropuerto. Tienen que darle libertad”, señaló Gómez.
Por su lado, el legislador aprehendido negó reiteradamente tener relación alguna con este caso y dijo que considera este proceso en su contra como un intento de amedrentarlo políticamente, aunque aseguró que no tiene “nada que ocultar” y decir su verdad.
“Estamos cumpliendo, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar y solamente afrontar ante la justicia para poder decir nuestra verdad. Estamos con la conciencia tranquila y sabemos que no hemos participado de ningún supuesto golpe de Estado”, alegó Ribera antes de su aprehensión, tras llegar de Santa Cruz para prestar su declaración.
Ribera era buscado desde hace al menos diez días luego de la presentación del documental del Gobierno en el que se lo implica con supuestos planes para derrocar al gobierno de Luis Arce mediante un golpe de Estado.
El ministro de Justicia, César Siles, había adelantado anteriormente que Ribera era el quinto investigado con una orden de aprehensión en su contra dentro de este caso. Los otros cuatro detenidos son el abogado, Jorge Valda -quien ya se defiende en libertad-, el general en retiro, Marco Bracamonte, el coronel, Mario Tanka, y el ciudadano, Bismarck Imaña.