La promulgación de la Ley de Acceso a la Información está incluida en el Servicio Ampliado del FMI (SAF), que contempla un capítulo relacionado con la “gestión responsable de los recursos públicos”, según el acuerdo de 36 meses firmado por el Gobierno boliviano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El programa tiene como objetivo restablecer la estabilidad macroeconómica, proteger a los hogares vulnerables, recomponer las reservas internacionales, abordar las vulnerabilidades fiscales y externas, y fomentar un crecimiento sostenible, inclusivo y liderado por el sector privado, se lee en el sitio web del FMI.
El SAF para Bolivia otorga acceso a 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes al 570 % de la cuota, aproximadamente 1.900 millones de dólares, que movilizarán alrededor de 4.000 millones de dólares en financiamiento adicional de otras instituciones financieras.
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En la “amplia agenda de reformas estructurales”, el memorándum señala, en el punto 30, que existe un acuerdo para la creación de un marco de gobernanza más sólido que respalde una gestión responsable de los recursos públicos.
El documento hace énfasis en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, así como en la mejora del entorno empresarial.
“Las autoridades se proponen implementar un enfoque de reforma institucional multifacético para abordar las vulnerabilidades frente a la corrupción y restablecer una buena gobernanza”, señala el texto traducido, cuyo original aparece en inglés.
“Esto incluirá la promulgación de una Ley de Acceso a la Información (para garantizar una rendición de cuentas y una supervisión eficaces), el fortalecimiento de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos, la mejora de las prácticas de contratación pública y el refuerzo de la independencia judicial”, se lee en el documento.
IMPULSO CIUDADANO
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ANP-Diarios, impulsa desde hace 15 años la aprobación de la Ley de Acceso a la Información. Hasta el momento, consiguió la aprobación del proyecto en el Senado Nacional el pasado 27 de agosto de 2026.
El documento fue remitido a la Cámara de Diputados y los impulsores de la ley esperan que el proyecto número 12, dentro de la prolongada historia de gestiones, siga un trámite ágil en una comisión y luego sea aprobado en el plenario, integrado por 130 legisladores.
El proyecto presentado por la senadora Soledad Chapetón (Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S.) recogió propuestas y contenidos elaborados en un trabajo coordinado con las organizaciones impulsoras de la ley, con base en otro proyecto presentado en septiembre de 2023 por la entonces senadora Silvia Salame. (ANP)