Tras una tercera ocasión en la que se descartó el traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para que asista a su juicio oral por el caso del Decreto 373, esta acción no es sino un elemento distractor del Gobierno para dar una lección a todo opositor que pretenda confrontarlo, según sugirió el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes.
“El Gobierno vuelve a utilizar a Luis Fernando Camacho como una distracción en un momento complicado. Claramente se busca aleccionar a cualquier opositor con que esto puede sucederle si es que sigue en la lógica de enfrentamiento y confrontación al autoritarismo”, expresó.
Recientemente, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó por tercera vez el traslado de Camacho a la capital cruceña para que pueda asistir a su juicio por el caso “Decretazo”, el cual viene aplazándose consecutivamente desde marzo.
Limpias objetó “falta de seriedad” por parte de los jueces que llevan adelante el proceso ya que, según él, no estarían tomando en cuenta observaciones técnicas de las autoridades penitenciarias, las cuales indican que no existen condiciones para su traslado. No obstante, el ordenamiento judicial exige de manera expresa la presencia física del acusado en su audiencia.
Por su parte, el parlamentario opositor argumentó que ni la Justicia, ni el Estado de Derecho, ni “un mínimo de las garantías de derechos humanos” funcionan actualmente en el país, en referencia a este aplazamiento del proceso que ocasiona una dilación en la detención preventiva de Camacho.
Para Reyes, la detención del gobernador de Santa Cruz representa “todo lo que debemos cambiar” en la justicia boliviana, toda vez que es muestra fehaciente de la persecución política, la arbitrariedad y la violación de derechos humanos por parte del Gobierno.
“FALTA DE CONDICIONES”
Limpias recientemente descartó la posibilidad de autorizar el traslado del gobernador Camacho a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. “Hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico, respaldando las condiciones de seguridad para (su) traslado, no se autorizará el mismo”, señaló recientemente.
El funcionario de Estado explicó que una salida de Camacho exenta de conflictos no está garantizada y que su entidad debe velar por la seguridad tanto de él como de los custodios.
“Es un tema serio, hay una responsabilidad grande en el tema. En algún momento, cuando (se efectuó) la salida de un privado de libertad que tiene algún tema delicado, ha habido agresiones físicas al privado de libertad y también a los custodios, entonces hay una responsabilidad por parte de la administración penitenciaria”, expresó.
Limpias arremetió contra los jueces asignados al caso y los exhortó a tomar mayor seriedad en el asunto, pues hasta la fecha no existiría una respuesta sobre el traslado del gobernador.
“Esperemos que el Órgano Judicial tome en cuenta y nos diga que no hay riesgos, que garantizan (el operativo). Hay un informe del Comando Departamental, hay un informe de Palmasola, no nos responden hasta ahora, no nos dicen qué es lo que va a pasar respecto a este traslado”, indicó.
CAMACHO, UN “TROFEO POLÍTICO”
Recientemente, el representante de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, visitó al gobernador y evidenció flagrantes violaciones a sus derechos humanos en Chonchocoro.
El enviado concluyó que el excívico está encerrado como forma de “castigo” político por liderar las manifestaciones en contra del fraude electoral de 2019, hecho certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“HRF pudo comprobar de primera mano las duras condiciones carcelarias en las que (Camacho) se encuentra detenido arbitrariamente durante 17 meses y los abusos que sufre a diario, que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes según el derecho internacional”, sostuvo El-Hage.
El representante de esta organización veedora de derechos humanos visitó Chonchocoro el pasado jueves 23 de mayo y mantuvo conversaciones con el gobernador y su abogado, Martín Camacho, en horas de la tarde. Entre los abusos constatados contra la autoridad departamental están la restricción de visitas, de salir de su celda a tomar el sol e incluso le cortaron el agua hace cuatro días y ahora le dan el líquido vital en bidones.